El proyecto turístico Cabo Cortés, colindante con el parque nacional Cabo Pulmo, incumplió nueve de 20 condicionantes que le estableció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que le negó la ampliación del plazo para concluir el proceso. Por esta razón, el plan debió clausurarse, pero esto no ocurrió, advirtió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.

Las organizaciones detallaron que la Semarnat sabía desde el 19 de abril que Hansa Urbana, constructora de Cabo Cortés, no cumplió con las condicionantes impuestas en la autorización de la manifestación de impacto ambiental que se le otorgó en enero de 2011.

En el oficio SGPA/DGIRA/ DG/2969, firmado por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), Alfonso Flores Ramírez, informa a Cabo Cortés del incumplimiento de nueve condicionantes establecidas en la autorización en materia de impacto ambiental y le niega la ampliación del plazo para cinco de ellas, como había solicitado la empresa, explicó Alejandro Olivera coordinador de la campaña Océanos y costas, de Greenpeace.

“Lo que hemos descubierto es que no sólo las organizaciones sabíamos de estas irregularidades; la propia autoridad ambiental, quien incluso lo notificó oficialmente a Hansa, al mismo tiempo se hizo ‘de la vista gorda’ y omitió actuar en consecuencia. Ello implica que el proyecto debió ser clausurado de manera definitiva y la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Dgira”, dijo Gustavo Alanis, director del Cemda.

Pedimos al presidente Felipe Calderón que sea congruente y que si internacionalmente se promueve como un funcionario responsable con el medio ambiente inste a sus secretarios a cumplir con la ley y sus facultades, o de lo contrario, sea el mismo como primer mandatario quien cancele Cabo Cortés, dijo Alanis.