El presidente Felipe Calderón promulgó la ley que permitirá que jueces, funcionarios y ministerios públicos, así como ciudadanos vinculados o partícipes importantes en grupos del crimen organizado se conviertan en testigos protegidos, obtengan recursos por ello, cambio de identidad, residencia y absoluto secreto sobre sus vidas.

El anuncio de la expedición del decreto de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, y que entrará en vigor hasta dentro de seis meses, fue dado a conocer por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles.

La nueva legislación en materia también llamada –en círculos policiales y judiciales– de protección a testigos protegidos, indica que toda aquella persona que sea aceptada en el programa, sea delincuente o no, tiene garantizado que su nombre o identidad no será revelada en los juicios ni actas de proceso, ni tampoco podrá ser identificado por medios visuales o auditivos, como videos o grabaciones.

Con esta ley podrán incorporarse al programa víctimas, testigos, policías, peritos, agentes del Ministerio Público y jueces.

La iniciativa de ley se presentó ante la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo el 22 de septiembre de 2011 y fue aprobada por el Congreso el 19 de abril de este año, a ese respecto la procuradora dijo que es justo reconocer que esta ley es fruto del extraordinario diálogo entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión.

Puntualizó que mediante esta ley podrán incorporarse al Programa Federal de Protección a Personas: víctimas, ofendidos, testigos, peritos, policías, agentes del Ministerio Público, jueces y demás miembros del Poder Judicial, así como otras personas cercanas a las señaladas, y cuya participación en un procedimiento penal por delitos graves o delincuencia organizada, les genere situaciones inminentes de amenaza o riesgo, además de todos aquellos miembros del crimen organizado que la autoridad considere que puede aportar datos de los grupos que conoce, indicaron fuentes de la PGR.

Morales Ibáñez indicó que “las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado, según el caso conforme a esta ley, podrán ser, entre otras, tratamiento sicológico, médico y sanitario, a través de los servicios de asistencia y salud pública; traslado a distintos lugares; custodia policial; alojamiento temporal o medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites personales, entre otros.

Cambio de domicilio y/o residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona; en algunos casos, con base en las circunstancias propias, una nueva identidad de la persona, y para aquellos que se encuentren recluidos en prisión preventiva o en ejecución de sentencia se tomarán otras medidas como la separación del resto de la población, dijo la titular de la PGR.

Según el anuncio, para lograr estos objetivos se crea el Centro Federal de Protección a Personas, como un órgano desconcentrado y especializado de la PGR con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección, y su director, nombrado y removido por el presidente de la República a propuesta del procurador general de la República.

A su vez, Alessio Robles, hizo un llamado para que en el próximo periodo extraordinario de sesiones, si se aprueba, o en el próximo periodo de sesiones, se aprueben las leyes que aún están pendientes, especialmente las relacionadas con seguridad, muy particularmente el Código Federal de Procedimientos Penales que dará paso a los juicios orales, la Ley para Prevenir y Sancionar el Lavado de Dinero y también la muy importante Ley de Amparo.