n la más reciente actualización de su informe mundial Situación y Perspectivas Económicas 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que, como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas por los gobiernos de países desarrollados para disminuir su deuda pública y su déficit fiscal, el mundo está en riesgo de enfrentar una nueva recesión. Como consecuencia, el organismo ajustó a la baja –a 2.5 por ciento– sus estimaciones de crecimiento económico mundial para 2013, pero advirtió que este pronóstico presupone que la crisis de la deuda en la zona del euro no se agrave y que no se ejerza más presión hacia medidas estrictas de austeridad fiscal en los países desarrollados, y que una eventual profundización en cualquiera de esos ejes problemáticos podría desencadenar un círculo vicioso que conduzca a una grave turbulencia financiera y recesión económica.

En esencia, las advertencias de la ONU reiteran lo dicho por diversos economistas, políticos, académicos e incluso por algunos funcionarios de los organismos financieros internacionales desde el inicio de la crisis económica y financiera de 2008 y 2009, en el sentido de que las políticas de choque impuestas a los países en dificultades son medidas contraproducentes para la superación de los estragos económicos: a fin de cuentas, los despidos masivos de burócratas, los recortes al gasto público y la eliminación de conquistas, derechos y beneficios sociales, erosionan el poder adquisitivo de las personas; imposibilitan la recuperación de los mercados internos, conducen al cierre de empresas y negocios pequeños y derivan en un ensanchamiento del desempleo. Para colmo, la rígida preceptiva de la Unión Europea y de los organismos financieros prohíbe cualquier forma de intervención estatal en la economía –salvo si se trata de rescatar a entidades financieras privadas–, en momentos en que esa intervención no sólo es pertinente, sino desesperadamente necesaria.

El diagnóstico del órgano multinacional es relevante, por lo demás, en momentos en que los gobiernos de la Unión Europea discuten –por influencia directa de la canciller alemana, Angela Merkel– la eventual profundización de las políticas de ajuste y austeridad criticadas por la ONU como una medida para subsanar la crisis regional provocada por la deuda de naciones como Grecia y España. Hasta ahora, sin embargo, la aplicación de esas directrices en el viejo continente no ha conseguido tranquilizar a los mercados ni mucho menos desactivar el riesgo de una recesión; en cambio, el empeño por sacrificar a la población, dejarla a merced de los vaivenes del mercado y centrar los esfuerzos gubernamentales en el rescate de los capitales ha desembocado, en esos países, en una amplia inconformidad social, en movilizaciones y disturbios y, en el caso de la nación helénica, en pérdida de gobernabilidad y estabilidad política y en un indeseable pasmo institucional.

La actitud irresponsable con que han operado los poderes reales de la economía planetaria a la hora de adoptar soluciones de fondo –esto es, el cambio del modelo económico vigente, la adopción de medidas para estimular las economías internas y la aplicación de controles a los grandes capitales– deriva no sólo en la perspectiva de una nueva debacle económica mundial, como se desprende del análisis de la ONU, sino también en la posibilidad de estallidos sociales generalizados en el viejo continente. Cabe esperar que las autoridades económicas de Europa y del planeta no echen en saco roto las advertencias de la ONU y sean capaces de comprender el potencial destructivo de sus planes de austeridad.