ientos de integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron ayer afuera de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en contra de la fusión entre Televisa y Iusacell –propiedades de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, respectivamente–, la cual fue discutida nuevamente por el pleno de ese organismo, y constituye una amenaza a la política de competencia del Estado mexicano.

En tanto, luego de varias horas de deliberaciones, los comisionados encargados de regular la competencia económica en el país informaron que habían llegado a un acuerdo en torno al asunto, pero que no lo darían a conocer hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados. Se repite, así, la actitud opaca e injustificable que caracterizó a la CFC en enero pasado, cuando el pleno del organismo decidió finalmente no aprobar la fusión entre ambas empresas de telecomunicaciones pero abrió, con su decisión de postergar el anuncio por varios días, un amplio margen para la suspicacia en torno a posibles presiones y arreglos inconfesables entre las empresas involucradas en la operación y los comisionados de la entidad reguladora.

Es importante insistir, como señaló el movimiento #YoSoy132, que lo que está en juego con la fusión de Televisa y Iusacell no es la posibilidad de generar mayor competencia en el ámbito de la telefonía móvil, sino la perspectiva de una unificación encubierta entre dos de las principales empresas de telecomunicaciones en el país: Televisa y Tv Azteca.

Tales compañías, que formalmente compiten entre sí, comparten, en los hechos, un control duopólico casi total sobre las telecomunicaciones en sus distintas configuraciones tecnológicas y obstaculizan sistemáticamente la entrada de nuevos competidores a ese sector. Por añadidura, la apabullante concentración del mercado de las telecomunicaciones entre las televisoras del Ajusco y de Chapultepec –que en conjunto detentan 94 por ciento de las concesiones del ramo en el país y casi 60 por ciento de la inversión publicitaria– no sólo constituye un obstáculo fundamental para el desarrollo económico; obstruye, también, el desenvolvimiento democrático, en la medida en que dificulta el acceso de la sociedad a los medios de comunicación; limita en éstos la pluralidad de voces y de opiniones, y da al duopolio televisivo una proyección política y una capacidad de chantaje y de presión a todas luces anómalas. No es gratuito que los integrantes de #YoSoy132 hayan adoptado, como una de sus principales banderas para lograr la plena democratización del país, la denuncia y la oposición al poder fáctico e indebido que detentan las televisoras.

Así pues, si el aval de la CFC a la unión corporativa entre Televisa y Grupo Salinas habría constituido hace unos meses un despropósito en materia de competencia económica, su aprobación en el momento presente –escenario que ha sido anticipado por diversos especialistas en el tema– equivaldría, además, a una abierta provocación en contra de los sectores de la sociedad que se han movilizado para lograr una apertura y democratización reales en los medios; generaría un factor adicional de desasosiego para la población, y atizaría el sentir generalizado de que los gobiernos y autoridades reguladoras están sometidos a los intereses comerciales de las compañías televisoras –no a la voluntad general–, aunque ello implique actuar en perjuicio de la nación y abonar al descrédito de sus instituciones.