Madrid, 6 de junio. La Fiscalía Anticorrupción española decidió abrir diligencias e investigar el origen y la fundación de Bankia, entidad financiera española que nació hace un año de la fusión de siete cajas de ahorro regionales y que se ha convertido en el foco rojo del sistema bancario español. La justicia investiga al menos cinco presuntos delitos en una operación avalada por el gobierno madrileño del conservador Partido Popular (PP), entre ellos falsedad documental, administración desleal, estafa y apropiación indebida.

Bankia es la entidad financiera europea y española que necesita la mayor inyección de capital para evitar su quiebra y con ella el probable colapso del sistema financiero español. La intervención del Estado inició hace más de seis meses, cuando el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero justificó un desembolso de 4 mil 500 millones de euros –una tercera parte de su valor patrimonial, que asciende a 12 mil millones de euros– bajo el argumento de que su caída precipitaría aún más la grave crisis que vive el país. Cinco meses después de asumir el poder el derechista Mariano Rajoy –quien aseguró en campaña que no destinaría ni un solo euro a los bancos– se anunció que la intervención en Bankia era inevitable, inminente y urgente. Y el monto, que primero se aseguró que no superaría los 5 mil millones de euros, se prevé que será de 19 mil 500 millones de euros, que se extraerán del Fondo de Restructuración Bancaria (Frob), creado para combatir la crisis.

Desde finales de mayo, la Fiscalía Anticorrupción investiga el origen de Bankia y su actuación societaria para salir al mercado bursátil, gracias a la labor de investigación de los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, quienes ya reclamaron documentos fundacionales y contables a las entidades responsables. Es decir, al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bajo sospecha, Rodrigo Rato

En la denuncia se señala al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –quien presentó su dimisión por desavenencias con al actual gobierno–, y a los ex directores de la entidad bancaria, Rodrigo Rato –el director del Fondo Monetario Internacional (FMI)– y Miguel Blesa. En la causa se investigarán hechos concretos, como podrían ser los préstamos fallidos al sector inmobiliario, el proceso de salida a bolsa, la declaración de cuentas anuales y la venta de productos financieros ‘tóxicos’ a los clientes. Bankia nació de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segoria.

Una mujer usa un cajero automático de Bankia en MadridFoto Ap

A esta investigación se suma otra demanda presentada por el Movimiento 15M, que reunió en poco tiempo la cifra de 20 mil euros que se exigían para presentar la demanda gracias a la colaboración de la ciudadanía. Además de otra querella presentada por 500 accionistas minoritarios para reclamar el daño sufrido con la salida a bolsa de Bankia.

La justicia expresó su extrañeza de que Bankia presentara unos beneficios de 309 millones de euros y unos días después reclamase una ayuda de 2 mil 500 millones de euros, y que después se convirtió en 4 mil 500.

Chocan mineros con la policía

En el norte del país, en la conocida como la Cuenca minera que abarca desde Asturias, Castilla y León y Aragón, continuaron las movilizaciones, cierre de carreteras y durísimos enfrentamientos con la policía española, que cargó con dureza contra los trabajadores e, incluso, contra representantes de la administración pública, al resultar herido un alcalde de un disparo de pelota de goma. Los trabajadores del sector de la minería iniciaron un paro general tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado, en los que se recortaron 64 por ciento los recursos a la explotación minera. El sector de la minería da trabajo a unas 29 mil 500 personas que explotan sobre todo carbón, estaño, zinc, granito, mármol, arcilla y oro.

Con este escenario, los mineros cerraron carreteras y mantienen paralizado al sector, además de que permanecen encerrados un grupo de trabajadores en la séptima planta del pozo Candín, en Langreo, Asturias, a 600 metros de profundidad, y otros tantos en la novena planta del pozo Santiago, en Aller, a 500 metros de la superficie.

Uno de los afectados de la violencia policial fue el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, quien resultó herido en un ojo por un pelotazo de goma. El funcionario explicó que los agentes entraron en el núcleo urbano de la pedanía persiguiendo a los mineros viviéndose nervios ante el riesgo porque en las calles había gente mayor y niños.