Con la entrada en vigor de las reformas al Código Penal para el Distrito Federal, con las cuales se sanciona con tres a 12 años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo a los servidores públicos que con finalidad de obtener alguna información o confesión cometan algún acto de tortura, se busca erradicar de fondo esa práctica en la ciudad de México.

No estemos escamoteando avances que tienen que ver con derechos fundamentales... El objetivo es erradicar la tortura de nuestra vida para siempre, aseveró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, durante la ceremonia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la que se dio a conocer la promulgación del decreto de adiciones a diversas disposiciones de dicho código en materia de tortura.

Pues aquí ya lo dijo Rosario (Ibarra de Piedra, quien estuvo en el acto) todo lo que ha vivido nuestro país en materia de tortura, sea por razones políticas, de otra naturaleza o de investigaciones por diversos motivos. Estamos hablando de un tema muy de fondo y nos interesa mucho asumir el compromiso y que lo hagamos de manera conjunta todas las instituciones para erradicar la tortura; eso es lo que queremos lograr, por supuesto en nuestra ciudad y ojalá en toda la República Mexicana, explicó.

Antes, la senadora Rosario Ibarra de Piedra se había referido a los cientos de casos que se tienen registrados de tortura y a las desapariciones, entre ellas la de su hijo. La tortura ha sido tremenda en este país, remarcó, y pugnó porque esto termine.

Señaló que estas reformas significan un paso importante para la ciudad, sobre todo cuando en el país hacen falta modificaciones en la legislación para que estas prácticas no lastimen a la sociedad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, afirmó que al regular el delito de tortura la ciudad de México se ubica a la vanguardia en la materia. Se cancela toda posibilidad de barbarie de los civilizados... Que nadie quiera justificar ninguna acción contra las personas, bajo el pedestre argumento de que se trata de delincuentes.

Con base en los cambios promulgados a partir de este miércoles se catalogan como tortura los dolores o sufrimientos, sean físicos o mentales, incluida la violencia sexual que un servidor, en el ejercicio de sus atribuciones, provoque a una persona para obtener de ella o de un tercero información o una confesión.

Asimismo, se considera tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia sicológica.