atisfacción y enojo me despertó la noticia que don Emilio Azcárraga Jean dio a conocer por medio de este parloteo ecuménico de nuestros días llamado Twiter (por lo que se ve, más confiable para él que los lectores de boletines en sus noticieros). Televisa –anunció– otorgará a los ciudadanos la gracia de transmitir el debate entre los candidatos presidenciales nada menos que por el canal 2, que todos sabemos es el número uno.

Resulta obvio que fueron dos los elementos decisivos que movieron a don Emilio a tomar esa decisión. Primero, la apreciación objetiva sobre el momento que está viviendo el país. Segundo, el conocimiento de la imagen de su consorcio no sólo en México, sino principalmente en Estados Unidos. Por supuesto, otra consideración elemental: ¿qué pierdo si concedo la transmisión gane quien gane el debate? ¡Absolutamente nada! ¿Gano algo? ¡Poca cosa!: reconocimiento, imagen, demostración del ejercicio de un poder comprensivo y generoso. Y más allá de la frontera, demostrar que mi empresa es plural, abierta, equitativa, democrática. ¡Claro que reúne las condiciones para funcionar en un país de primer mundo, del cual, además, también soy ciudadano!

No me pesa reconocer la sensibilidad, el olfato político y el sentido de la oportunidad del señor Azcárraga, pero me indigna, me irrita, me rebela que en nuestro país un empresario de 40 y tantos años, él solito, tenga la capacidad, el derecho, el poder de decidir si 79.4 millones de ciudadanos pueden conocer o no cómo piensan los candidatos presidenciales, uno de los cuales decidirá el rumbo del país, es decir, de sus vidas y las de sus familias. ¿Este poder lo tienen el presidente Obama; la vetusta reina madre en Inglaterra o su primer ministro; el beodo asesino de elefantes y encubridor de negocios familiares, todavía rey, de España? No. ¡Imposible! Estamos en el siglo XXl. Eso sólo sería posible en un país dictatorial, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Perú y Bolivia, que llevan ese rumbo.

Si los cálculos políticos, económicos y hasta la buena vibra de don Emilio nos abrieron una rendija para tener acceso a esa información vital, ¡aprovechémosla! Sentémonos a oír el debate con la familia y los amigos. Sopesemos conocimientos, propuestas, actitudes de los contendientes y obremos en consecuencia el primero de julio. Por mi parte, a una reunión de cartujos embozados o humildes franciscanos, prefiero un debate fiero, acerbo, corrosivo y sin tapujos. No ofensivo ni descalificador, pero sí calificador de acciones y comportamientos pasados y presentes que merezcan ser conocidos por los ciudadanos. Dos límites: que la veracidad y la certidumbre de los dichos pueda ser demostrada, y que las denuncias y reclamos se expongan con los mínimos de civilidad y respeto que debemos exigir a quienes pretenden gobernar nuestro país. Uno o dos tragos hacen atendible el debate, no más, porque luego intervienen Jacques Charles y Gay Lussac y las diferentes militancias terminan en la delegación.

No quiero dejar de insistir en que si va a haber una amplia transmisión es porque don Emilio, nadie más que él, así lo decidió. ¡Como debe ser! Dirían a coro sus orgánicos: ¿por qué el Estado va a convertir un imperativo, que sólo a él atañe, en obligación para los particulares que, por ser legítimos dueños de sus empresas, no deben sino atender el imperativo de que sus utilidades alcancen todos los dígitos posibles? A eso de los dueños nos referiremos más adelante. Ahora veamos el rol que han jugado el IFE, el TEPJF y la Secretaría de Gobernación en este vodevil.

La Constitución señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realizará mediante el IFE y cuyos principios rectores serán: certeza, legalidad, independencia e imparcialidad. El Cofipe agrega: La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del sufragio corresponde al instituto...

Una pregunta inocente: ¿No cree usted que estas disposiciones le abrían al IFE una minúscula hendidura, una simple rendija para cumplir los cometidos que le dan sustento y razón de ser? Ciudadanos y partidos le solicitaron promover la más amplia difusión posible del debate y fue incapaz de funcionar, aunque fuera como simple oficialía de partes. No hizo suyo el reclamo, no gestionó, no apoyó. Perdió la oportunidad de aplicar un extreme makeover a su deteriorada imagen (percepción que no comparto totalmente).

El tribunal federal electoral de la Federación, por su parte, declaró que el derecho a la información es un imperativo para el Estado. Por tanto, no se pueden imponer mecanismos que conviertan este derecho y su ejercicio en algo obligatorio para las personas, ya que con ello dejaría de ser tal para convertirse en obligación. Consulté con los niños de la Montessori ciudad de México y ellos piensan que algo obligatorio tiende a convertirse en obligación. Pero, señores magistrados, ni se despreocupen, ya ven como son los niños de ahora.

Como no me caso ni con mis ideas, nada más consulto: ¿la norma jurídica es derecho u obligación? ¿Lo que se establece como obligación desaparece como tal si se convierte en derecho? ¿La mejor forma de cancelar un derecho es transformarlo en obligación?

(Suerte que no suceda así en la política, en la que se puede ser muchas cosas. Nada de que, como era de la nomenclatura tricolor, ahora no puedo ser abejita del Panal. Que si nací tucán se me impida el ascenso a ave de rapiña. Que porque fui amarilla no tengo luego derecho a ser ahumada. Que como no soy de los políticos de antes tampoco pueda ser decente en el país de nunca jamás).

Craso error de los constituyentes no haber consultado al Tepjf algunas disposiciones de la Carta Magna, porque se hubieran evitado los errores garrafales de andar mezclando derechos con obligaciones; por ejemplo, el artículo tercero inicia diciendo: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y termina afirmando: La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Por si fuera poco, el artículo 31 señala: “Son obligaciones de los mexicanos. l. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas…” El 35/1 señala que son prerrogativas del ciudadano: 1. Votar en las elecciones. 2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular. El mismo 35/IV estipula como derecho de los ciudadanos tomar las armas en el Ejército o la Guardia Nacional. En seguidita, el 36/ll convierte esa prerrogativa en la obligación de alistarse en la Guardia Nacional.

De la Secretaría de Gobernación no sé qué decir. Me resulta alevoso cualquier comentario, si es evidente que su titular no tiene la estatura necesaria para desempeñar el cargo (y ni modo que su jefe se lo reclame). Me concreto a transcribir el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión: Todas las estaciones de radio y televisión del país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio (aquí está el detalle, diría, el agente 777) de la Secretaría de Gobernación.

Como estoy muy alicaído por la renuncia irrevocable que presentó el entrañable Héctor García a la sociedad de mexicanos y artistas ilustres, ejemplares e insustituibles, abandono mis polémicas y simplemente paso a ejercer un derecho constitucional bastante en desuso: artículo ocho: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Hoy lunes 4 de junio presentaré tanto a los señores consejeros del IFE como a los señores magistrados del TEPJF y al señor secretario de Gobernación la solicitud siguiente: De manera pacífica y respetuosa, tomando en cuenta que no sólo soy ciudadano de la República sino a mayor abundamiento oriundo de Saltillo, me permito presentar a ustedes la siguiente petición: darme a conocer si consideran que la información relativa a las elecciones constitucionales que se llevarán a cabo en todo el país el próximo domingo primero de julio, en las que 79.4 millones de ciudadanos estarán en posibilidad de elegir a dos de los poderes que integran el gobierno de la República, es de trascendencia para la nación. Quedo en espera del acuerdo escrito que están obligados darme a conocer en breve término. Anexo copia de mi credencial de elector.

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