Por primera vez en una elección presidencial las coaliciones de partidos se realizarán bajo la nueva legislación que los obliga, por separado, a poner a prueba su fuerza electoral. A diferencia de antaño, cuando previamente se distribuían los votos que llegarían para la alianza, ahora aparecerán diferenciados en las boletas y el ciudadano decidirá por quién sufragar, lo que representará un desafío a los partidos minoritarios, que cuestionaron la reforma electoral desde que se pretendía aprobar.

La nueva disposición, puesta en marcha en los comicios de 2009, coloca en riesgo de perder el registro a los partidos si no logran captar para sí mismos los votos necesarios para asegurarse el 2 por ciento mínimo a que los obliga la legislación. Desde entonces cuestionaron que la reforma pretendía apuntalar el tripartidismo y por ello ahora los que se han coaligado con fuerzas mayoritarias han puesto énfasis en que sufraguen por su emblema en particular, como son los casos de PT y Movimiento Ciudadano.

En especial, el Partido del Trabajo ha puesto más énfasis en promover vota sólo PT, lo que impacta en los esquemas de coalición. Su objetivo central es priorizar su voto individual sobre la coalición en un proceso donde la Presidencia de la República tiende a concentrar el sufragio en favor de los partidos tradicionales.

Hasta hace seis años las coaliciones se regían por convenios, que compaginaban los intereses de los coaligados, pero garantizaban a los institutos más pequeños mantener el registro. En el caso de la coalición Por el Bien de Todos (2006), el convenio incluía una tabla sobre los diversos escenarios de posible votación desde uno hasta 100 por ciento, pero destacaba que a partir de obtener 6 por ciento se garantizaba el registro de los tres coaligados (PRD, PT y Convergencia).

Este esquema de la izquierda permitió dar vida a partidos efímeros que nunca probaron real fuerza electoral y se convirtieron en negocios de sus dirigentes, como fue el caso de Sociedad Nacionalista, que terminó adeudando al Instituto Federal Electoral (IFE) más de 200 millones de pesos en multas, antes de extinguirse con importantes ganancias para su dirigente, Gustavo Riojas, y su familia.

En el caso de Alianza por México (PRI-PVEM), el convenio partía de la base de la votación histórica del Partido Verde, fijada en 6.5 por ciento, en el supuesto de obtener hasta 27 por ciento. Entre 28 y 30 por ciento, cada punto porcentual se repartía a partes iguales, y de 31 en adelante el Verde recibiría 0.33 por ciento por cada punto adicional.

Fue el año en el que la polarización entre el PAN y la izquierda generó al Revolucionario Institucional el mayor retroceso de su historia. En 2006, el tricolor perdió casi la tercera parte de las curules que antes tenía. El PRI perdió y el PVEM ganó.