La complejidad de los asuntos que aborda y la gran cantidad de quejas que recibe todos los meses suelen obligar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a tomarse largos periodos de tiempo para investigar cada caso, por lo que medir su desempeño únicamente con base en el número o la prontitud de las recomendaciones que emite no es válido ni justo.

Así lo afirmó el primer visitador general del organismo, Luis García López-Guerrero, a propósito de las críticas que han formulado diversos colectivos independientes de defensa de las garantías individuales, quienes indican que el equipo del ombudsman nacional con frecuencia deja de atender asuntos urgentes, o simplemente no responde a las solicitudes que se le formulan.

Nuestros procedimientos requieren de acciones complejas de investigación, con varias acciones sucesivas, como petición de informes, levantamiento de testimonios, visitas de campo o entrevistas con las víctimas, subrayó el funcionario en entrevista con La Jornada.

Aunque aseveró que la CNDH siempre ha estado abierta a las críticas, puntualizó que hacer un análisis de su trabajo tomando como referencia el número de quejas y de recomendaciones no es correcto, ya que este criterio no toma en cuenta otras formas de reparación del daño para las víctimas que no implican un procedimiento largo.

No necesariamente debe haber recomendaciones

Las recomendaciones, explicó García, no necesariamente deben emitirse en todos los casos, ya que son el último instrumento que tenemos, donde se evidencian las violaciones más graves, como los casos de tortura, arraigo, detenciones injustificadas o negligencia médica que devino en muerte, por ejemplo.

Desde que comenzó la gestión de Raúl Plascencia –en noviembre de 2009–, enfatizó el primer visitador, se han ido optimizando los procedimientos, y se han reducido los tiempos de atención.

Sin embargo, algunos activistas insistieron en que la actuación de la CNDH no siempre es tan efectiva y diligente como cabría esperar, particularmente en temas de amenazas contra defensores de las garantías individuales.

Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, aseveró que el pasado mes de abril solicitó al ombudsman nacional que dictara medidas cautelares a favor de un grupo de internos de los penales de Nuevo León, dada la prevalencia de la tortura y la extorsión, y hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.