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Hay 57 mil 337 reos; en seis meses fueron excarcelados 10 mil 129

Reportes de detenciones arbitrarias en Cuba preocupan a comité de ONU contra la tortura
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 3 de junio de 2012, p. 25

La Habana, 2 de junio. El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que, ante la falta de informes oficiales de Cuba, sigue seriamente preocupado por reportes de detenciones arbitrarias de corta duración en la isla caribeña.

El comité, integrado por 10 expertos independientes, observa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y terminó en Ginebra la primera de sus dos sesiones del año.

Los estados parte deben informar al comité en el primer año luego de suscribir la Convención y luego cada cuatro años. Cuba se adhirió a ese instrumento en 1995.

Hasta hoy no había reacción oficial cubana a las observaciones finales del comité. Sin embargo, en la última semana, en coincidencia con el debate en Ginebra, el gobierno ofreció información inédita sobre su sistema penal.

Al presentar su informe al comité, el vicefiscal general, Rafael Pino, reveló que entre 2007 y 2011 fueron consignados 46 agentes policiales por ejercer malos tratos contra detenidos en alguno de los 263 expedientes que se abrieron, a partir de 419 mil 982 quejas.

Anunció que se prevé una reforma al Código Penal, que incluirá una definición más explícita de tortura y admitió que el informe no logra satisfacer el elevado nivel de detalle que reclama el comité.

Citó como ejemplo que, al no existir en Cuba el delito de violencia de género, no pudo satisfacer esa información.

Pero el vicefiscal subrayó que en Cuba no hay, ni habrá espacio para la impunidad y que los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos.

Al mismo tiempo, el diario oficial Granma reportó por primera vez el tamaño de la población penitenciaria del país: 57 mil 337 presos, de los cuales 31 mil 494 están en locales cerrados y 25 mil 843 en centros de detención abiertos.

La consignación de policías, el número de quejas por maltratos y la cantidad total de presos eran datos hasta ahora desconocidos.

Según Granma, 27 mil 95 presos reciben algún nivel de enseñanza, 24 mil 531 se capacitan para oficios y 23 mil 113 trabajan y cobran un salario. En los últimos seis meses fueron excarcelados 10 mil 129, al acogerse al sistema de liberaciones anticipadas (entre ellos los casi 3 mil indultados en diciembre pasado por la visita del Papa Benedicto XVI).

El Comité contra la Tortura anunció que el gobierno cubano aceptó recibir al relator especial de la ONU sobre torturas y abusos físicos, el argentino Juan Méndez. Su antecesor, el sueco Manfred Nowak, estaba invitado para 2009, pero nunca pudo concretar el viaje por lo que La Habana describió como problemas de agenda.

Entre los puntos aún abiertos está la observación del comité a las figuras ambiguas, como la del Estado peligroso, que no castiga un hecho, sino la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

Según el comité, esa figura sirve para restringir la libertad de movimiento y apoyar operaciones de vigilancia invasiva, agresiones físicas y actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por agentes policiales.

El cuerpo de la ONU también anotó la continuidad de los actos de repudio de grupos oficialistas contra opositores, en los que se advierte la presunta connivencia entre los hostigadores y la policía.

El comité dijo que entre 2010 y 2011 hubo unas 202 muertes en el sistema penitenciario cubano y lamentó la falta de precisiones en el reporte oficial.

Deploró que el informe de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo tras una huelga de hambre, en 2010, se entregara de modo extemporáneo y sin opción de entablar diálogo.

El gobierno replicó que en ninguna de esas muertes hubo responsabilidad de las fuerzas del orden que custodiaban a los detenidos. Pino indicó que el gobierno evitaba responder algunas preguntas porque parecían basarse en alegaciones sesgadas y falsas aportadas por fuentes al servicio de la política de hostilidad de Estados Unidos.