La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) pidió al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, que condene al Estado mexicano y a Grupo México por la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos y la subsecuente negativa de acceso a la justicia.

El abogado Rodrigo Olvera, asesor de la organización Familia Pasta de Conchos y del Cereal, expuso ante los jueces del TPP todos los detalles del citado caso, ante lo cual algunos de ellos comentaron que la evidencia muestra una secesión terrible de arbitrariedades, y que la actuación de las instancias gubernamentales indica que pareciera que el gobierno mexicano decretó una suspensión de las garantías de los trabajadores para beneficio de los empresarios, en este caso Grupo México, empresa que goza de extraterritorialidad, pues no se le aplican las leyes.

Olvera precisó que después de seis años de búsqueda de justicia, los hechos son contundentes y estamos confiados en que cualquier persona que no esté guiada por un soborno de Grupo México se da cuenta de que ésta fue una violación masiva de derechos por parte del gobierno y de la empresa y, por tanto, confiamos en que la sentencia del tribunal (integrado por jueces internacionales) sea condenatoria.

Luego de exponer puntualmente ante los jueces y los participantes a la sesión en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Olvera señaló en entrevista que en el contexto de las elecciones del próximo mes, a los deudos de los mineros y a las organizaciones que los han apoyado nos queda claro que ni con el PAN ni con el PRI puede haber acceso a la justicia, pues recordó que el siniestro ocurrió en la administración de Vicente Fox y en un estado (Coahuila) gobernado por el PRI, en la gestión de Humberto Moreira, la cual se unió a la conspiración y al encubrimiento.

Aseveró que continuarán exigiendo a la próxima administración federal el rescate de los cuerpos. La petición es el rescate y justicia, lo que implica que la empresa pierda la concesión y se castigue penalmente a los responsables y se establezcan medidas que garanticen que esto no ocurrirá otra vez, pero también consideramos que se debe impedir que Javier Lozano Alarcón (ex secretario del Trabajo) llegue al Congreso: es candidato al Senado y es uno de los responsables de que no haya justicia en este caso.

El litigante precisó que las resoluciones del TPP no deben ser descalificadas con el argumento de que sus fallos no son jurídicamente obligatorios, pues destacó que la experiencia internacional señala que estos mecanismos no obligatorios resultan más efectivos para las víctimas, porque el peso no es jurídico, sino de conciencia hacia la comunidad internacional. No hay quien cuestione la calidad ética y rigurosidad jurídica del TPP: una sentencia condenatoria de éste es aceptada en la comunidad internacional y tiene consecuencias en la imagen de los Estados”.

Ayer también fue expuesto ante el TPP el caso del SME, derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y luego de exponer la situación se solicitó al tribunal que condene al Estado mexicano por la violación de los derechos laborales de los trabajadores.