Funcionarios del gobierno de México reprocharon a la Casa Blanca su decisión de no presentar cargos contra el agente de la Patrulla Fronteriza responsable de la muerte del menor mexicano Sergio Adrián Hernández Guereca, en junio de 2010, y de negar la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada en enero de 2011.

Al participar en una reunión del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, que se realizó en Washington, manifestaron su profundo desacuerdo con la determinación del gobierno estadunidense en este caso.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que esa decisión niega el acceso a la justicia y es contraria al compromiso de ambas partes de trabajar juntas con un enfoque integral, de largo plazo y corresponsable.

También dieron a conocer a autoridades del vecino país del norte el rechazo del Congreso de la Unión a la negativa a someter este incidente a un proceso judicial.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para América del Norte de la SRE, Julián Ventura, y la estadunidense por la asistente especial del presidente y directora para Seguridad Transfronteriza en la Oficina de Seguridad Nacional, Patricia Cogswell.

La reunión del comité tuvo por objetivo dar seguimiento a la instrumentación de la Declaración sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, emitida por los presidentes Calderón y Obama en mayo de 2010.

Participaron funcionarios de alto nivel de las dependencias federales de ambos países involucradas en temas fronterizos, así como el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.

Durante el encuentro se revisaron las acciones llevadas a cabo dentro del Plan de Acción 2012, acordado en diciembre pasado, y de los pasos que se darán para asegurar su pleno cumplimiento. Entre las medidas reportadas destacan la apertura de nuevos carriles en el puerto Nogales III, las construcciones en curso del puente ferroviario Matamoros-Brownsville, la ampliación de la capacidad de procesamiento de vehículos entre Tijuana y San Diego, y la implementación del programa Global Entry de viajeros seguros.