Debido a los constantes actos de hostigamiento contra sus integrantes, entre ellos la desaparición forzada y la tortura de Enrique Morales, y las amenazas de muerte contra su directora, Blanca Velázquez, el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) anunció que cerrará definitivamente sus puertas en el estado de Puebla.

Alejandra Ancheita, directora de la asociación Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) –que ha dado acompañamiento legal al CAT–, anunció que las fallas de los gobiernos federal y estatal en brindar protección a los miembros del colectivo obligaron a cerrarlo por motivos de seguridad.

La activista recordó en conferencia de prensa que el pasado 15 de mayo cuatro personas encapuchadas secuestraron y torturaron durante varias horas al defensor de derechos laborales José Enrique Morales Montaño, a quien simularon ejecutar en varias ocasiones.

Asimismo –dijo–, en diciembre de 2010 desconocidos asaltaron las oficinas del CAT y dejaron escrita una amenaza en las paredes. Desde entonces varios miembros de la organización han sido asaltados o han recibido amenazas en sus correos electrónicos.

En aquel año, el Prodesc interpuso cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión –dependiente de aquella– y la Procuraduría General de Justicia de Puebla, sin que hasta la fecha ninguna de esas instancias reporte algún avance al respecto.

Por otro lado, aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla había otorgado medidas cautelares en favor de los miembros del CAT, ordenó retirarlas un mes antes de la agresión contra Morales, alegando que no se justificaban.

Ancheita precisó que los activistas amenazados se encuentran en un lugar seguro y no se irán del país, y llamó a las autoridades a investigar de manera efectiva las amenazas y agresiones, castigar a los responsables, reparar el daño a las víctimas y dar garantías de que esos actos no volverán a ocurrir.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que el país está atravesando un momento sombrío y lamentó la “gran vulnerabilidad de los defensores de las garantías individuales, cuya labor –junto con la de los periodistas– es un termómetro para evaluar la salud de la democracia”.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó por su parte que esta es una buena oportunidad para que el gobierno eche a andar el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.