pesar de lo obvio, el inquilino de Los Pinos sigue con la cantaleta de que con él en la residencia oficial se alcanzaron buenos resultados económicos y se sentaron las bases para el crecimiento y el desarrollo. Más modesto que de costumbre, Felipe Calderón se aventó la siguiente puntada: no les quepa duda; la economía mexicana está fuerte, es competitiva, genera empleos, y puede y debe serlo mucho, mucho más. Y se quedó tan tranquilo, como Vicente Fox cuando, cercano el final de su mandato y a punto de regresar al rancho, dijo que como ya me voy, hablo libre y digo cualquier tontería.

Lo dijo en el acto de clausura de la reunión nacional de consejeros de la trasnacional financiera española BBVA –propietaria de Bancomer–, pero en los hechos los buenos resultados del calderonato son padecidos por la mayoría de los mexicanos (crecimiento raquítico, pobreza al alza, empleo inexistente, salarios de hambre y bienestar ausente, para decirlo rápido), pues con el susodicho en Los Pinos la situación pasó de mala a pésima. ¿Será que él también ve un rancho en su futuro inmediato?

Desde luego que el triunfalismo de Felipe Calderón ni de lejos es compartido por otras instancias de gobierno, como en la Cámara de Diputados, donde califican la economía mexicana de estructuralmente rezagada, que genera muy pocos empleos formales y cada vez más precarios. Además, se ha acumulado evidencia suficiente para señalar la existencia de una fragilidad estructural de las finanzas públicas, ocultada por los cuantiosos ingresos petroleros asociados a los niveles elevados del precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo; lo preocupante de la revisión de las finanzas públicas de México es la evidencia clara de un deterioro de la posición fiscal del gobierno a partir de 2007, asociado con el rezago de los ingresos públicos respecto del crecimiento del gasto público, generando una brecha que viene a subsanar la deuda pública, y que se corrobora por el hecho de que el endeudamiento público se destina principalmente a pagar el servicio de la deuda, y a cubrir el déficit fiscal.

El triunfalismo del inquilino de Los Pinos es matizado por la Cámara de Diputados (Conclusiones derivadas del análisis al informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010; documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, abril de 2012): “en el ámbito de los ingresos, persiste el estancamiento de la recaudación tributaria medida por la carga fiscal (17.5 por ciento del PIB), que pone a México en uno de los últimos lugares en este indicador entre los países de la OCDE. Quizá la explicación se encuentre en los hallazgos de la actividad revisora practicada al SAT en el que se destacan: a) las cuantiosas devoluciones tributarias reintegradas a contribuyentes, con el inconveniente de que esas devoluciones se concentran en una elevada proporción en grandes contribuyentes, y b) la actividad de elusión de contribuyentes que contratan empresas de outsourcing a efecto de reducir el pago del ISR (y de los pagos de la seguridad social y los pagos por PTU)”.

Para los diputados destacan los subejercicios y la gestión presupuestaria en el gobierno calderonista, “en la que se identifica una vez más la práctica de los ejecutores de gasto de transferir recursos hacia el cierre del ejercicio a fideicomisos y otras figuras análogas no sólo para hacer reasignaciones de gasto al margen del Congreso, sino para encubrir subejercicios presupuestarios de programas gubernamentales. En el ámbito de los fideicomisos persistió la observación del uso de estos instrumentos por parte de la Secretaría de Hacienda para transferir recursos discrecionalmente al margen del Congreso. En la fiscalización del gasto, subrayan los inquilinos de San Lázaro, se revelaron diversas deficiencias en su aplicación, que es urgente corregir por sus efectos económicos y sociales, como la existencia de proyectos de inversión pendientes de ejecutar, y la canalización de los ingresos por derechos de hidrocarburos destinados originalmente a proyectos de inversión, desperdiciados en gasto corriente, o no identificada su aplicación.

Por lo que toca a la deuda pública, su revisión abarcó la evaluación de los riesgos de los pasivos contingentes, incluyendo el débito avalado por el gobierno en la banca de desarrollo, en los organismos de control presupuestario directo, y en otras clases de pasivos como los generados por el rescate bancario (Fobaproa) y administrados por el IPAB, y el Farac (rescate carretero). La deuda pública del sector público presupuestario se ubica por arriba de los parámetros aconsejables por organismos financieros internacionales. La revisión de la deuda pública comprendió también una valoración del significativo crecimiento de la deuda estatal y municipal, en el contexto de un análisis de los riesgos que significaría para la federación un rescate de la deuda subnacional, como el que ocurrió como consecuencia de la crisis financiera de 1994-1995.

En general, anotan los diputados, la revisión al sector de Hacienda y Crédito Público 2010, “reveló hallazgos importantes cuya corrección se traducirá en mejores prácticas gubernamentales. La Auditoría Superior de la Federación identificó el crecimiento sistemático de la deuda pública federal (alcanzando valores superiores como proporción del PIB, que lo señalado –como tope– por el Fondo Monetario Internacional), y un crecimiento anárquico y acelerado de la deuda pública subnacional, mientras que el crecimiento de la economía en 2010 fue acompañado de un precario avance del empleo, que es incapaz de impulsar el mercado doméstico, base de un crecimiento más sólido de la economía”.

En torno al régimen fiscal de Pemex, los diputados advierten que se ha constatado que el organismo, a nivel mundial, es la única empresa petrolera que paga al gobierno federal más de la totalidad de sus ingresos operativos en impuestos y derechos, con lo cual la paraestatal no dispone de recursos propios para financiar proyectos de inversión en infraestructura, mostrando también con ello una debilidad crítica de las finanzas de la empresa que se reflejan en descapitalización y en un endeudamiento progresivo. Del análisis a las auditorías practicadas a Pemex Refinación, se deduce la severa crisis en la se encuentra el Sistema Nacional de Refinerías, que tiene estancada su capacidad de producción de petrolíferos por más de 20 años. La falta de un programa estratégico de largo plazo implica que se tengan que exportar anualmente elevados volúmenes de petróleo crudo y que se tenga que procesar en el exterior, generando productos de valor agregado, que muy bien podrían estarse produciendo en el país.

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