Ataques como los perpetrados el pasado fin de semana contra centros de distribución de Sabritas en Michoacán y Guanajuato inhiben la inversión productiva y violentan la paz de la sociedad, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luego de condenar el ataque, el presidente del organismo, Alberto Espinosa Desigaud, exigió a estados y municipios que cumplan con su obligación de brindar condiciones de seguridad a las empresas, principalmente a los trabajadores y sus familias.

Se requiere garantizar la aplicación de la ley y cero tolerancia ante la impunidad, señaló en un mensaje videograbado.

Por el contrario, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró que el ataque contra instalaciones y vehículos de Sabritas no es motivo de pánico entre inversionistas, porque se trata de un caso aislado.

Luego de participar en la inauguración del centro de educación y convivencia familiar Kidzania Cuicuilco, ubicado en el sur de la capital, el funcionario aseguró que el flujo de inversiones por alrededor de 19 mil millones de dólares que México espera recibir este año sigue en pie. Incluso aseveró que habrá inversión en Michoacán y Guanajuato, donde se dieron los hechos violentos el viernes y el sábado pasados.

“No veo por qué los empresarios tienen que preocuparse… por este caso, en el que se respondió de acuerdo con un protocolo”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido el dirigente de la Coparmex señaló que, si bien las autoridades correspondientes de los diferentes niveles de gobierno están llevando a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, es necesario fortalecer la coordinación entre los gobiernos de los estados de Michoacán y Guanajuato con la Procuraduría General de la República, para dar debido cauce a este hecho, y garantizar que no vuelva a ocurrir ninguna situación similar.

Es momento de reforzar y cumplir compromisos en materia de procuración e impartición de justicia, signados por los gobernadores en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, puntualizó Espinosa Desigaud.

Recordó que los gobernadores se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como a fortalecer los sistemas de seguridad y procuración de justicia mediante reasignaciones presupuestales y reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

También, recalcó, asumieron el compromiso de integrar, desarrollar y fortalecer unidades especializadas en combate al secuestro, la adecuación de las instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional, la instauración de indicadores de evaluación y seguimiento y el establecimiento de un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en la materia.

Hasta el momento han entregado resultados parciales, pero la ciudadanía demanda resultados eficaces e inmediatos, criticó.

Subrayó que ante situaciones como las ocurridas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan, en Michoacán; y Celaya y Salvatierra, en Guanajuato, la Coparmex seguirá proponiendo la integración de policías únicas estatales, unificación de códigos y procedimientos penales en todo el país, profesionalización y autonomía de los agentes del Ministerio Público e instauración de observatorios ciudadanos en todas las entidades.

Exigimos que los estados y los municipios cumplan con su obligación de brindar condiciones de seguridad a las empresas, principalmente a los trabajadores y sus familias, concluyó.