La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a todos los juzgados y tribunales federales que se abstengan de resolver procesos que involucren a militares con delitos contra la salud, hasta en tanto emita criterios definitivos sobre los alcances del fuero de guerra, lo cual generó preocupación y molestia al interior del Ejército.

Días antes de que el ex subsecretario de la Defensa Nacional general Tomás Ángeles Dauahare y otros dos generales fueron detenidos y posteriormente arraigados por presuntos vínculos con el narcotráfico, la Corte dio la orden a jueces y magistrados que no resuelvan los asuntos que tengan que ver con militares y tráfico de drogas, hasta que los ministros determinen qué hacer con ellos.

Con el argumento de que en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla, la SCJN estableció que frente a situaciones que vulneren los derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar, y para garantizar certeza jurídica en ese tipo de asuntos, giró sendas circulares a jueces y magistrados, en noviembre pasado, para que remitieran a la Corte todos los juicios que involucraran a militares en la presunta violación de derechos humanos en agravio de civiles, y estos casos se resolvieran hasta que la SCJN definiera el criterio a seguir.

Sin embargo, de manera unilateral los ministros resolvieron el 7 de mayo en sesión privada ordenar a juzgados y tribunales no resolver los asuntos referidos para evitar criterios contradictorios. Trascendió que el asunto generó molestia en el medio militar, al grado que mandos encargados de la justicia castrense buscaron acercamiento con funcionarios de la Suprema Corte para hacerles ver su preocupación por la medida y para obtener una explicación al respecto.

Cabe señalar que la decisión de la Corte podría impactar los procesos seguidos en contra de los tres generales que fueron detenidos en días recientes. Al menos el general Roberto Dawe González estaba en activo al momento de su detención, por lo que, de acuerdo con especialistas consultados, tendría que ser juzgado en el fuero de guerra tal como en su momento fueron procesados los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, en tanto que los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, por estar en el retiro, tendrían que ser considerados como civiles y ser juzgados por el fuero federal.

A partir del caso Radilla, las presiones nacionales e internacionales para que los militares que violaran derechos de civiles no fueran juzgados en el fuero de guerra se incrementaron e incluso el Ejecutivo federal envió al Congreso una reforma al Código Militar en el sentido de la resolución de la CIDH, con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Sin embargo, señalaron los mandos castrenses, en todo ese proceso no se habló nada sobre reformas legales respecto de los militares que fueran acusados de delitos contra la salud, lo que generó incertidumbre en el medio castrense. El acuerdo de pleno 6/2012 da cuenta que al 7 de mayo pasado la SCJN había recibido 26 amparos en revisión, uno directo y diversos conflictos competenciales entre tribunales colegiados que tienen que ver con militares acusados de violar derechos de civiles.

El acuerdo concluye que, en tanto que la Suprema Corte fija los criterios respectivos, los tribunales civiles, federales y militares deberán admitir aquellos asuntos que involucren a militares con actividades del narcotráfico, aunque sin emitir una sentencia definitiva.