a buena voluntad de Repsol hacia el gobierno argentino está valuada en 10 mil 500 millones de dólares. Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner paga ese monto rapidito y sin chistar, al tiempo que le facilita la recompra de un lote accionario de YPF –la empresa recién expropiada-, entonces la generosa trasnacional española cancelaría todas las acciones judiciales emprendidas, y por venir, en contra de la decisión soberana de aquella nación sudamericana. Sobra decir que, además, el presidente de la petrolera sin petróleo propio, Antonio Brufau, espera una disculpa pública de la mandataria por haber actuado en nombre de un país soberano.

La citada trasnacional ya tiene todo arreglado para sentar al gobierno de Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados (ver México SA del miércoles 30 de mayo de 2012) por el gravísimo delito de defender los intereses de su patria, y el juzgado en el que pretende pasarla a cuchillo no es otro que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, es decir, la instancia por medio de la cual se ha hecho hasta lo imposible por evitar que la autoridad argentina destruya la negra herencia privatizadora y saqueadora del menemismo.

La causa de Repsol se suma al inagotable inventario de demandas interpuestas por las trasnacionales (todas beneficiarias del régimen de Carlos Saúl Menem) en contra del gobierno argentino. Por el CIADI han pasado consorcios tan respetables y nítidos como Enron, CMS Gas Transmission, Azurix, LG&E Energy, Siemens, Camuzzi, Continental Casualty, Pan American Energy, Total, Enersis, Metrogas, Transener, Vivendi y Houston Industry Energy, por citar unos cuantos casos, los cuales reaccionaron ferozmente ante el intento de la autoridad del país sudamericano de limpiar el lodazal privatizador.

Sin embargo, el árbitro (léase el CIADI) de las controversias siempre tiene los dados cargados y desarrolla su labor en juzgados amigos. De acuerdo con la estadística del propio organismo del Banco Mundial (información de 2007), de 232 demandas presentadas, 230 (99 por ciento del total) fueron interpuestas por trasnacionales. Del total de casos atendidos (concluidos y en proceso), 74 por ciento fueron demandas contra países en desarrollo, 19 por ciento contra desarrollados y sólo 1.4 por ciento contra los más ricos del planeta. En 36 por ciento de los casos la CIADI fallo a favor del inversionista privado y 34 por ciento fueron resueltos fuera de la corte, pero con compensación monetaria para la empresa. En las escasísimas victorias de los estados, éstos no obtuvieron indemnizaciones.

De estas últimas, una excepcional fue la del gobierno boliviano, con Evo Morales en la presidencia. Resulta que en 1999, en tiempos del mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, un consorcio trasnacional (Agua del Tunari), formado por la estadunidense International Water Limited (Bechtel Corporation y Edison) y la española Abengoa Servicios Urbanos, obtuvo una oscura concesión para privatizar el sistema de agua de Cochabamba. Más tardó el citado consorcio en obtenerla que en aumentar, de entrada, el precio del agua: 400 por ciento de un plumazo, indexar las tarifas con relación al dólar y trasladar a los usuarios el costo de las instalaciones (contadores, conexiones al sistema de desagüe y al de distribución de agua), lo que se tradujo en una carga adicional para los consumidores en uno de los países más pobres de América Latina.

La concesión, por 40 años, garantizaba el monopolio, prohibía el uso de fuentes naturales de agua alternativas donde el concesionario despachaba y daba luz verde al manejo discrecional de las tarifas. Lo anterior desató la llamada guerra del agua en diciembre de 1999, y para abril de 2000 la trasnacional forzosamente se retiró del negocio, aunque dos años después, a través del CIADI, Bechtel reclamó gobierno boliviano una indemnización por lucro cesante (es decir, ganancias proyectadas en el papel, pero nunca obtenidas) de 25 millones de dólares, con ganas de que llegara a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de Cochabamba no superó el medio millón de dólares.

De acuerdo con la información disponible, la trasnacional Bechtel presentó su demanda al CIADI conforme a un tratado bilateral sobre inversiones entre Holanda y Bolivia, con todo que es una empresa estadunidense, porque “luego de fijar operaciones en Bolivia estableció residencia legal por medio de una casilla postal en Holanda, para aprovecharse del tratado de dicho país con Bolivia. Por cierto, las reglas del tratado entre Holanda y Bolivia son similares a las contenidas en el TLCAN (México, Estados Unidos y Canadá). Y el CIADI aceptó la demanda. Bolivia se liberó del citado organismo en 2007, pero antes de ello ganó una batalla decisiva en contra de este tipo de empresas, sus organismos autónomos y la voracidad de las trasnacionales, porque Bechtel no sólo se quedó con las ganas de seguir atracando a los bolivianos, sino que finalmente vendió, por dos dólares, todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y el agua regresó a los bolivianos.

El caso citado explica por qué, como suscribió el presidente Evo Morales, se considera al CIADI un tribunal absolutamente desequilibrado, que ofrece un sistema de arbitraje para quien lo pueda pagar, y que toma partido siempre por las trasnacionales. Los hechos así lo demuestran: permite a los inversionistas reclamar compensaciones no sólo por la expropiación física de sus inversiones, sino por las ganancias que esperaba recibir en un futuro, lo que en la jerga del tribunal se denomina lucro cesante. En sentido contrario, los gobiernos no pueden demandar a las trasnacionales.

Esas son las democráticas cuan equilibradas formas de resolver las controversias entre las trasnacionales y los gobiernos. Y a ellas deberá enfrentarse, una vez más, el gobierno argentino, acusado de tomar decisiones soberanas en defensa de los intereses nacionales. Ahora va contra Repsol, y su multimillonaria buena voluntad.

Las rebanadas del pastel

Dice el candidato encopetado que el PAN que no se come ni se traga “puso a (Joaquín) El Chapo (Guzmán) en la lista de Forbes”. Y sí, Peña Nieto tiene razón, aunque olvidó mencionar que ese partido y el PRI pusieron a los otros diez multimillonarios mexicanos que aparecen inventariados por la revista especializada, y que conjuntamente acaparan el 15 por ciento del PIB. La diferencia es que sólo a uno de ellos lo califican de delincuente.

cfvmexico_sa@hotmail.com