Ciudad Juárez, Chih., 29 de mayo. Si uno busca en Google el nombre de Armando Rodríguez Carreón se topa con un boletín de la Procuraduría General de la República, de septiembre 2010, en el cual se asegura que está a punto de resolverse el homicidio del reportero de la fuente policiaca, a quien amigos y colegas llamaban cariñosamente El Choco.

Pero este día Blanca Martínez, viuda del periodista asesinado en 2008 frente a su hija de ocho años, habla con voz quebrada ante el jurado multinacional del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP): La justicia no ha llegado.

La impunidad, esa matona que persigue a los sobrevivientes que desfilan hoy en la tribuna, vive en el caso de El Choco y en las decenas de casos que se presentan con un guión similar: a las desapariciones o los asesinatos siguen invariablemente la sordera y la inacción gubernamental, a veces incluso la burla.

Blanca Martínez, por ejemplo, logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) clasificara la muerte de su marido como accidente de trabajo, toda vez que su asesinato fue resultado del ejercicio responsable de su profesión. Blanca quería una pensión para los tres huérfanos que dejó El Choco. Pero tiempo después el IMSS dio marcha atrás y reclasificó: accidente en trayecto.

Los casos son conocidos. Algunos han tenido amplia difusión nacional e internacional. Sin embargo, no dejan de conmover a los asistentes cuando se les vuelve a escuchar, cuando hablan las madres de las muchachas asesinadas, las madres de los desaparecidos, las esposas de los muertos.

Son las historias de Chihua- hua, estado anfitrión al que el TPP dedica la mitad del día.

De los números fríos –10 mil asesinatos en cuatro años, 364 homicidios de mujeres sólo el año pasado– se pasa a los testimonios, aunque el tiempo no alcance nunca para resumir el horror.

De las masacres de los centros de rehabilitación y de Villas de Salvárcar se pasa a tragedias como la de la familia Alvarado, con tres desaparecidos a manos del Ejército. De ahí, a la tragedia del aniquilamiento de la familia Reyes Salazar en el valle de Juárez, de una dimensión similar a la historia que cuenta al micrófono Ema Veleta de Muñoz, quien vio cómo presuntos policías se llevaron –en junio de 2011– a su esposo, sus hijos, sobrino y nietos: ocho hombres de su familia en total. “Mis nietos me reciben muy contentos cuando los visito, siempre me preguntan: abuelita, ¿ya me trae razón de mi abuelito, de mi papi?. Pero no hay nada.

La primera masacre del país

El jesuita Javier Ávila sube al estrado para abordar el tema de la devastación ambiental en la Tarahumara, pero aprovecha para recordar que en esa zona del estado, en Creel, se dio la primera masacre del país, de la que yo fui testigo, en la cual mataron a 12 jóvenes y un bebé. Las autoridades tardaron cuatro horas en llegar y no hay un solo detenido.

También hay historias de otro talante, aunque siempre ligadas al modelo de desarrollo que aquí se pone a juicio. Pone el marco Víctor Quintana, hoy candidato progresista a senador, pero al micrófono en su calidad de dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua. “Los vacíos que deja el Estado al retirarse como principal inversionista del medio rural, como promotor del desarrollo, son en buena parte ocupados por el crimen organizado, que comienza una penetración ‘silenciosa’ en los ochenta hasta llegar a la situación actual: control territorial del narco en amplias zonas del medio rural chihuahuense”.

Sigue Quintana: “¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué los feminicidios, los juvenicidios? Porque el estado se entrega desde los 70 a la globalización, porque es la punta de lanza de la integración. Durante un tiempo hay un aparente éxito, al menos en cuanto a empleo, pero desde 2003 comienzan a verse las devastadoras consecuencias de este modelo económico y social instaurado a sangre y fuego”.

También se presentan los colonos que desde hace nueve años enfrentan a la influyente familia Zaragoza, que ha gozado del apoyo de las autoridades de los tres niveles del gobierno. Los habitantes de Lomas del Poleo vuelven a contar –ahora para el jurado multinacional– su historia. Nuestra comunidad fue prácticamente barrida, dice José Antonio Espino, cabeza de una de las ocho familias que sobreviven (al principio eran 250) encerradas tras alambres de púas, que deben pasar una guardia armada para entrar a sus hogares.

Hasta 2003, sus tierras nada valían. Pero el proyecto de una nueva Maquilatitlán, que se ubicará entre Juaritos y sus tierras, reavivó el interés de los Zaragoza, una familia de gran poder económico. Primero les quitaron la luz, con todo y postes, luego la parroquia. Más tarde les impidieron ingresar comida para sus animales de engorda y envenenaron a sus perros. Al final, destruyeron la escuela. Sólo ocho familias han resistido. A duras penas, como lo prueban las salsas y las bolsitas de materiales reciclados que tratan de vender a los asistentes.

Los testimonios de tres días se resumen en un alegato acusatorio en el que se lee: No esperamos de este tribunal una condena fragmentada en siete temas separados. Esperamos que la conciencia de los pueblos de todo el mundo, en virtud del trabajo de este honorable tribunal, tome nota de todos los horrores inhumanos que aquí han escuchado, tan difícilmente descriptibles, para los cuales no nos alcanzan todas nuestras palabras y sentimientos. Necesitamos que nos ayuden a romper todas las redes y los círculos viciosos de la legalidad neoliberal.

Ya entrando la noche, el jurado emite su opinión cualificada.