El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una inspección extraordinaria para fiscalizar a los juzgados de distrito y tribunales de circuito que se ubican en Baja California, en busca de verificar los hechos que han sido señalados por abogados litigantes e incluso por personal de los propios juzgados y tribunales federales, en los que se alude a diversas conductas irregulares, señaló la Judicatura en un comunicado.

En los pasados cuatro años los órganos jurisdiccionales con sede en ese municipio han sido blanco de múltiples cuestionamientos ante supuestos beneficios que han dado jueces y magistrados en favor de importadores de vehículos usados desde Estados Unidos.

Tras importadora de autos usados

También será revisada la oficialía de partes común con sede en Mexicali, que se encarga de recibir todas las demandas de amparo tramitadas por empresarios mexicanos dedicados a la importación de los autos llamados chocolate, ya que se ha detectado manipulación al momento de turnar cada demanda a los juzgados.

Se instruyó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, a la Visitaduría Judicial y a la Dirección General de Estadística Judicial a, en el ámbito de sus atribuciones, proceder a la verificación de los hechos declarados, para lo cual se pusieron en marcha las medidas cautelares necesarias que garanticen el éxito de las decisiones asumidas, indicó la Judicatura.

Como parte de esta investigación de la Judicatura, los funcionarios fiscalizadores aseguraron el equipo de cómputo que se utiliza en la oficialía de partes.

Las denuncias por irregularidades en el otorgamiento de amparo no son nuevas.

En abril pasado, el primer tribunal colegiado en Mexicali benefició a la firma Estructura Automotriz, en una sentencia en la que declaró que el amparo ganado por dicha empresa le permite seguir importando vehículos por tiempo indefinido, sujetándose únicamente a los requisitos previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En julio de 2011, el propio Servicio de Administración Tributaria presentó ante el CJF una queja administrativa contra los presidentes del primer y cuarto tribunales colegiados en Baja California, porque giraron oficios a todas las aduanas fronterizas para que sigan permitiendo la importación de vehículos a Estructura Automotriz, sin que tengan atribuciones para ello.