l juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, emitió ayer una resolución que prohíbe el embargo o desalojo de los hangares de MRO Services, la base de mantenimiento y reparaciones propiedad de la aerolínea que brinda servicio a consorcios aeronáuticos de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, y cuyas instalaciones se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La víspera, y ante los rumores de un posible desalojo de las instalaciones por las autoridades aeroportuarias, trabajadores de tierra, pilotos y sobrecargos de Mexicana se manifestaron en las instalaciones de la terminal aérea; recordaron que MRO Services da trabajo a mil 200 personas y actualmente constituye la única fuente de ingresos para los empleados de la compañía, que suspendió operaciones hace más de 20 meses.

Los reclamos de los trabajadores ante la amenaza del desalojo referido, y que el propio juez Consuelo haya tenido que intervenir para garantizar algo que, en estricto rigor legal, está protegido por la ley –la continuidad de las operaciones de MRO–, vuelven a poner en perspectiva que la falta de solución al larguísimo conflicto de la empresa aérea no se debe a la ausencia de inversionistas ni a la falta de voluntad de los trabajadores, sino a los persistentes obstáculos impuestos desde oficinas de funcionarios gubernamentales o, como en este caso, de autoridades aeroportuarias: en esa misma cadena pueden inscribirse los episodios de hostigamiento de autoridades contra potenciales inversionistas, denunciados en su momento por trabajadores, por el juez del concurso y por los propios empresarios; la negativa de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la resolución judicial de devolver a la empresa las rutas y horarios que fueron prestados a aerolíneas competidoras; y el requerimiento de que los nuevos propietarios de la aerolínea –el consorcio Med Atlántica– se hagan cargo de adeudos fiscales atribuidos al anterior propietario de la compañía, Gastón Azcárraga, y cuyo pago correspondería, en consecuencia, a este último.

Ahora, por añadidura, en un momento en que el proceso de salvamento de Mexicana enfrenta una etapa decisiva –cuando se ha concretado la transferencia accionaria entre Tenedora K y Med Atlántica, y cuando ésta se encuentra en plena negociación con los acreedores–, la pretensión de dejar a la empresa sin su única fuente de recursos actual equivale a un intento por precipitar su cierre definitivo.

Ante la creciente sospecha de que existe la consigna de impedir que Mexicana vuelva al espacio aéreo –aunque ello implique acabar con miles de fuentes de empleo y perjudicar a los usuarios de transporte aéreo, a los acreedores y al país–, se vuelve impostergable esclarecer a cabalidad los motivos de este encarnizamiento contra la empresa y sus trabajadores y determinar qué intereses inconfesables y qué complicidades político-empresariales se han conjurado para evitar la reactivación de la línea aérea. La sociedad, por su parte, debe apoyar la admirable resistencia que han llevado a cabo los empleados de Mexicana, con el apoyo del juez Consuelo Soto, a lo largo de todos estos meses, a efecto de evitar que la compañía aeronáutica más antigua del país termine por convertirse en una más de las bajas del actual sexenio.