Ciudad Juárez, Chih., 28 de mayo. La voz es de Alberto Gómez, un sólido dirigente campesino, pero podría ser de cualquiera de los oradores que presentan sus argumentos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos: Acusamos al Estado mexicano. ¿De qué? De condenarnos a dejar de existir, de quitarnos incluso los medios de subsistencia para dejarnos en manos del mercado, de haber creado un modelo económico devastador.

Gómez, a diferencia de otros ponentes, lanza desde la tribuna números y conceptos claros, difícilmente controvertibles, que no son ningún misterio, pero que puestos en conjunto dan una idea de los efectos de 25 años de neoliberalismo en el campo (otros hablan de los efectos ambientales, de la impunidad, de la violencia de género y la migración).

Los jóvenes tecnócratas que rodeaban al también joven presidente Carlos Salinas de Gortari hablaban de la necesidad de reducir la población rural, para que se correspondiera con el aporte del agro al producto interno bruto. Y lo consiguieron, a su modo.

Aporta la carnita Gómez, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca): 3.5 millones de pequeños productores han sucumbido frente a las políticas modernizadoras, tres de cada cuatro familias en el campo son pobres, el desmantelamiento de las instituciones (que el dirigente enuncia con nombres y datos concretos) ha desembocado en una diáspora campesina y en la engorda de las cifras de la pobreza alimentaria (al grado de que una oferta esencial de la candidata oficialista a la Presidencia de la República sea, justamente, abatir esa categoría de la miseria). En 1990, el sector agropecuario y forestal aportaba 7.3 por ciento del PIB: pone menos de la mitad 20 años después, sin que esas cifras se reflejen en la mejora de las condiciones de vida prometida en la tierra prometida de los amantes del libre mercado.

Muy entrenado en foros internacionales, Alberto Gómez traduce la realidad mexicana al multinacional jurado del tribunal, cosa que no consiguen todos los expositores, hechos para la asamblea de convencidos. Fluyen los datos: hay en México alrededor de 4 millones de ejidatarios y comuneros, pero a la vuelta de los años gran parte de sus tierras están en manos de grandes productores, vía renta. Algunos botones: 80 por ciento del millón y medio de hectáreas en Tamaulipas, casi todos los 237 ejidos de Baja California, etcétera, etcétera.

Dos testimonios concretos completan el panorama de la devastación del campo.

La respuesta de la mayor parte de los medios de Chihuahua a la actividad en curso se da en noticias pequeñitas. La cadena de diarios que sacó en hombros a Enrique Peña Nieto de la Universidad Iberoamericana culpa a los caravaneros del Tribunal de los Pueblos de las protestas en los actos de la panista Josefina Vázquez Mota, pero no publica una sola línea sobre los trabajos del TPP.

¿Contrainsurgencia? ¿Pues dónde está la insurgencia?

Aunque los principales organizadores de este acto insistan en que no se trata de un mitin ni de una asamblea, las huestes de la coordinadora magisterial y del Sindicato Mexicano de Electricistas los desmienten. Nada que hacer cuando el panfleto asoma.

Más allá del puño-en-alto se impone, sin embargo, un abanico extraordinario de testimonios, de historias no por conocidas en México menos perturbadoras para los jurados extranjeros. Lo dice uno de ellos, el catalán Antoni Pigrau Solé, corresponsal en España del Yearbook of international humanitarian law.

Porque, aunque han pasado más de 14 años, es imposible permanecer impasible cuando Juan Vázquez Luna, niño de Acteal, sobreviviente entre cadáveres, entre los cuerpos de nueve de sus familiares, se para frente al micrófono y dice: No tengo ni papá ni mamá, por eso estoy aquí, difundiendo.

Las Abejas de Acteal machacan en su punto: No aceptamos la demanda civil, vamos por la penal, porque sabemos que siguen por ahí los verdaderos autores intelectuales, empezando por el mero mero, Ernesto Zedillo.

El desfile es abrumador, aunque apenas sea un puñado de botones de muestra: la resistencia a las mineras canadienses en San Luis Potosí, el pleito ciudadano contra los intereses de los dueños de cines panzones en Morelia, los periodistas muertos, las tres hermanas violadas por soldados en Chiapas –y la burla subsecuente pese a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, un valiente recuento de los abusos sexuales contra mujeres en San Salvador Atenco (validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el candidato presidencial del PRI), los 72 migrantes de Tamaulipas. Y más. Y falta tiempo a veces y otras fallan las palabras.

Nuevas realidades

Como cuando las categorías que culpan al Comando Norte de todos los males ya no explican nada. Como cuando conceptos como la guerra de baja intensidad y los “manuales de la guerra fría” le quedan guangos a las nuevas realidades del horror mexicano.

El muy agudo Alejandro Teitelbaum, jurado, argentino residente en Francia, pone el dedo en esa llaga: ¿Hay pruebas de la intervención de estadunidenses, soldados regulares o mercenarios? ¿Una estrategia contrainsurgente? ¿Y dónde está la insurgencia? Hay que llamar a las cosas por su nombre: esto es una guerra terrorista del gobierno contra todo el pueblo mexicano. Y eso que apenas andan en la fase de las preguntas.