Esta semana la Comisión Permanente del Congreso analizará la propuesta de Leonel Godoy, senador del PRD, de exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a resolver la procedencia o no del ejercicio de la acción penal contra los cuatro militares arraigados por supuestos vínculos con el narcotráfico para evitar especulaciones políticas que afectan la imagen de la institución castrense.

El perredista, en el punto de acuerdo que presentó, también solicitó una reunión de trabajo entre la titular de la PGR, Marisela Morales, y los legisladores que integran la primera comisión de la Permanente para que presente al Congreso un informe detallado sobre el caso.

Godoy demandó además la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El también ex gobernador de Michoacán expresó ante senadores y diputados que desde el pasado 15 de mayo es del conocimiento público la detención de los cuatro militares: el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el general de brigada en activo Roberto Dawe González, el general en retiro Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado Isidro de Jesús Hernández Soto.

El senador subrayó que los cuatro se encuentran bajo arraigo por 40 días en el Centro Federal de Investigaciones, por lo que cada uno ha promovido juicios de amparo indirectos alegando violaciones procesales y a sus derechos fundamentales, los cuales les han sido negados.

Comentó que se tiene conocimiento de que la averiguación previa fue integrada desde 2010 y en ella ha participando un testigo protegido de la PGR, “cuyos testimonios han sido muy cuestionados al declarar en contra de personajes como Greg Sánchez, quien fue absuelto de acusaciones en su contra”.

Enfatizó que el procedimiento contra los militares, a partir de declaraciones del testigo protegido, se presta a suspicacias.