En los próximos días entrarán en vigor los lineamientos del Mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, que busca llevar a la práctica el resguardo de los defensores que han sido amenazados y se hallan en situación de riesgo o de vulnerabilidad.

Los lineamientos incluyen un manual de reacción y un protocolo de atención para coordinar las acciones inmediatas de las autoridades involucradas en el mecanismo. Las medidas serán temporales, modificables, proporcionales a la situación de riesgo y de atención inmediata.

México ha sido señalado como lugar de alto riesgo para defensores de los derechos humanos, por lo que han recomendado al Estado crear protocolos de protección.

Amnistía Internacional alertó en un informe reciente que en lo que va de este sexenio se han reportado 63 homicidios de defensores de derechos humanos.

La protección se ha dado con base en la coyuntura o las emergencias del día a día; algunas acciones se han desarrollado conforme al mecanismo de protección, en vigor desde julio pasado y del cual ahora se derivan los lineamientos elaborados por la Secretaría de Gobernación.

Sin restricciones a defensores

El acuerdo detalla las medidas administrativas y otros lineamientos obligatorios; Gobernación aclara que la intervención no significará restricción, vigilancia o intrusión no deseada en la vida laboral o personal del defensor.

Las autoridades federales colaborarán con las locales o tomarán medidas cuando los hechos trasciendan el interés o capacidades operativas del municipio o de la entidad o impacten nacional o internacionalmente al Estado mexicano, o cuando la amenaza tenga o pueda tener liga directa o indirecta con las autoridades locales.

El texto indica que serán los funcionarios federales quienes mediante un subcomité de evaluación de riesgo hagan los diagnósticos y verifiquen la situación de peligro en el que se encuentre el defensor.

Tras este análisis se autorizarán las medidas cautelares y acciones concretas –en un lapso no mayor a 36 horas– para resguardar al solicitante de protección.

En este comité estarán nueve integrantes: cuatro funcionarios federales (Gobernación, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y Procuraduría de Atención a Víctimas), un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuatro representantes de organismos civiles (que estarán en el encargo por no más de dos años). Todos contarán con voz y voto.