El clima de violencia generada por el crimen organizado y la posibilidad de que sus integrantes cometan delitos que afecten los comicios del próximo primero de julio obligaron a todas las procuradurías de justicia del país a elaborar un mapa de riesgos que ubica casillas, municipios y distritos electorales donde pudieran incidir o afectar los resultados.

Asistentes a la 27 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, revelaron que los tres niveles de gobierno pondrán en marcha estrategias conjuntas para garantizar la tranquilidad de la jornada comicial, y en los mapas de riesgo se considera que el principal foco de atención se concentra en grupos del crimen organizado, pero también se han incluido factores políticos, sociales y hasta naturales que pudieran presentarse.

Los municipios de los estados fronterizos con Estados Unidos y las zonas serranas de Sinaloa, Durango, Guerrero y Michoacán tienen riesgo de sufrir embates de grupos criminales para tratar de controlar a las policías que se ubican en las rutas de trasiego o producción de droga, afirmó José Luis Prado Maillard, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad del estado de Nuevo León, y director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La procuradora de Justicia de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, reveló durante una conferencia de prensa –en la que se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por todos los procuradores del país en materia de combate a la delincuencia– que los estados cuentan con un mapa de riesgos y existen convenios de colaboración entre las autoridades del país, además de que cada entidad cuenta con su propio consejo de seguridad para atender la problemática detectada.

En Colima, por ejemplo, nuestro mapa de riesgo es cuidar principalmente las fronteras con Michoacán y Jalisco y desde luego ver cuáles son los puntos que pudieran ser más vulnerables en la jornada electoral. En esas zonas actúan grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el cártel Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Los procuradores coordinarán “esfuerzos con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para el intercambio de información sobre incidencia delictiva electoral, recepción de denuncias electorales y en su caso suscribir los instrumentos de colaboración respectivos.

Cada procuraduría y fiscalía estatal designará un funcionario de primer nivel como enlace operativo, antes, durante y después de la jornada electoral, para eficientar la coordinación y comunicación con la Fepade y las delegaciones estatales de la PGR.

Prado Maillard señaló que el narcotráfico es un tema que coloca en riesgo a los candidatos, no a nivel presidencial (...) La mayor vulnerabilidad se localiza en los comicios locales, principalmente la elección de alcaldes, ya que normalmente un narcotraficante o un grupo delictivo (...) busca controlar los cuerpos de seguridad regional.