Foro: los grandes problemas nacionales

Frenar el despojo de los recursos naturales
que sufren indígenas

Mesa Diversidad y Pueblos Indígenas. De izquierda a derecha: Francisco López Bárcenas, Magdalena Gómez, Consuelo Sánchez, Joel Aquino y José del Val FOTO: ANEC

Crear una comisión nacional de la verdad que audite las decisiones de las secretarías de Medio Ambiente, Economía y otras coludidas en complicidades con empresas trasnacionales, la cual derive en la suspensión de concesiones de aprovechamiento de recursos naturales otorgadas de forma irregular para inversiones forestales, mineras, turísticas e hidroeléctrica, y que dañan el interés de los pueblos indígenas.

Esta fue una propuesta hecha por Magdalena Gómez, académica de la Universidad Pedagógica Nacional y participante en la mesa Diversidad y Pueblos Indígenas del foro “Los grandes problemas nacionales”, realizada el 8 de mayo pasado, en la cual Francisco López Bárcenas, especialista en el tema, señaló que los pueblos indígenas siguen siendo “colonias”, por lo que su lucha es por la emancipación.

Los pueblos originarios, dijo López Bárcenas, se ubican donde está la riqueza natural: ocupan 50 por ciento de las selvas, 30 por ciento de bosques y 80 por ciento del agua: “Son ricos, aunque se diga que son pobres”; la intención de quienes afirman esto es desconocer que tienen un patrimonio importante, para así despojarlos.

En la mesa –donde también participaron el etnólogo José del Val y el dirigente indígena de Oaxaca, Joel Aquino– Magdalena Gómez afirmó que el Estado mexicano se niega a transformarse y muestra una indisposición a abrir espacios para la participación de los indígenas en las decisiones nacionales; se niega a dar paso al componente pluricultural históricamente negado. Lo que se observa es una profundización de las políticas neoliberales, que hacen del Estado una mera ficción, y por ello se han redimensionado las luchas sociales, incluidas las de los indígenas: hoy se pelea de cara al Estado pero con la mira en las trasnacionales.

Se han trivializado los reconocimientos legales y constitucionales que tienen los indígenas y “se impone en el Estado la tendencia a ubicar en la explotación de recursos naturales de los pueblos indígenas la vía para superar la crisis económica, por medio de concesiones” para inversiones en diversas actividades ajenas al agro, y paradójicamente hoy la tierra ya no vale tanto para sus fines de producción de alimentos como para su utilización en megaproyectos. Los territorios indígenas “o lo que queda de ellos, son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías”.

Ello, sin garantizar siquiera el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en decisiones antes de que los afecten, como lo obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y mucho menos se hace viable el derecho al reconocimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

En este contexto el Estado aparece como simple promotor y certificador de las inversiones privadas y la desaparición del derecho público.

Afortunadamente, dijo la especialista, los indígenas encabezan hoy las principales luchas de resistencia en el país. “A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado ‘progreso’”. Y hay contados casos en que se ha logrado parar la embestida del Estado y del gran capital, como es el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, y la instauración de un gobierno propio en Cherán, Michoacán, que permitirá la defensa de los bosques.

Preocupa que las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalidad muy grave que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de que hubiera un propósito de fortalecer el Estado de derecho con la inserción de los indígenas en la definición y ejecución de políticas públicas, afirmó Gómez (LER).

Foro: los grandes problemas nacionales

Indispensable, nuevo modelo de desarrollo rural

Expertos en los temas rurales –incluidos Víctor Suárez y María Luisa Albores, propuestos para ocupar las secretarías de Agricultura y Reforma Agraria, respectivamente, en caso de que gane la Presidencia Andrés Manuel López Obrador– coincidieron en la necesidad de modificar ya las políticas para el agro, pues hoy día enfrentamos consecuencias negativas de 30 años de un modelo económico que ha profundizado la desigualdad social y territorial; que tiene en la pobreza a más de 60 por ciento de la población rural; que hace descansar el consumo alimentario del país en importaciones en más de 40 por ciento; que propicia inseguridad en el acceso a los alimentos, por sus precios crecientes y especulativos, y que permite el fortalecimiento de unas pocas empresas oligopólicas o monopólicas, mientras los campesinos carecen de oportunidades para producir.

En la mesa destinada al tema agrícola, de la serie de foros “Los grandes problemas nacionales” –organizados por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Fundación Equipo y Progreso–, Blanca Rubio, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó que el país requiere un “proyecto basado en la equidad del sector rural frente a la industria y en el aporte de los campesinos, que privilegie la orientación hacia el merado interno; que genere condiciones rentables para la producción sin afectar a los consumidores, y que posicione al país con una agricultura fuerte frente al mercado internacional”.

Explicó que la alta dependencia de importaciones –con 25 por ciento del maíz en relación con el consumo, 95 de soya, 80 de arroz, 46 de trigo y 33 por ciento de frijol– implica erogaciones que resultan muy caras para el país: en 2010 se gastaron 23 mil millones de dólares en estas compras, y ello equivalió a los 294 mil millones de pesos del presupuesto total para el medio rural, el englobado en el Programa Especial Concurrente (PEC).

Señaló que el agro no es considerado un sector estratégico en la política nacional y, con excepción del Masagro –programa que ejecuta el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT)– con sólo 0.8 por ciento del recurso del PEC y con distribución de semillas por parte de grandes empresas–, no hay estrategia de desarrollo para el campo. De esta forma, ante los altos precios internacionales y una distribución muy poco equitativa del presupuesto rural, las únicas beneficiadas son un puñado de compañías agroindustriales, como Maseca, Bimbo, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, Grupo Cuauhtémoc, y otras que controlan el mercado alimentario. Y al mismo tiempo la población rural se está empobreciendo y los productores de pequeña escala ven sus posibilidades de desarrollo disminuidas.

María Luisa Albores afirmó que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) debe dar un giro y asumir la regulación y ordenar la tenencia de la tierra, así como implantar la justicia agraria, la cual no ocurre en los hechos; hoy 56 millones de hectáreas de tierras rurales están concesionadas a empresas mineras, hotelera y turísticas, y también hay usos de la tierra cuestionados socialmente, como la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán y la producción de energía eólica en Oaxaca en manos de capital privado y sin beneficios para los dueños de la tierra. Dijo que la tierra debe defenderse, pues fue un derecho que se ganó en la Revolución Mexicana.

Víctor Suárez afirmó que, igual que hace cien años, en el campo están los grandes problemas del país, pero también las grandes soluciones, y desde allí puede generarse “un proyecto alternativo de nación”. Consideró que en los 30 años recientes se rompió el pacto entre el Estado mexicano y el campesinado que se había sido construido a raíz de la Revolución. En esta era neoliberal los campesinos han sido despojados de su derecho a la tierra y a una vida digna y se les ha considerado “innecesarios”. En ese marco ocurren decisiones irracionales, como la importación de maíz desde Sudáfrica, mientras los campesinos carecen de instrumentos para colocar sus cosechas en el mercado, y las agroindustrias e intermediarios como Cargill y Maseca, lucran con la especulación. Tales decisiones son parte de un modelo que fortalece a las multinacionales y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, y se reflejan en problemas de cohesión social, de hambre y desnutrición, de obesidad (por la permisividad en la alimentación chatarra), de gobernabilidad, de pérdida de ingreso y empleo rural y por supuesto de más pobreza.

A ello se agrega la situación internacional, donde los precios de los alimentos son decididos por múltiples factores incluido la especulación financiera y el uso de los cultivos para producir energía (un tercio de la superficie agrícola de Estados Unidos y Europa se ocupa ya para producir agrocombustibles).

Ante esto, afirmó, “necesitamos un cambio de modelo, y no por cuestiones ideológicas, sino para lograr un país soberano, independiente, y para darle viabilidad a nuestra sociedad”.

José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, advirtió que quien asuma la Presidencia de la República este año deberá entender el imperativo de promover el crecimiento alto y sostenido de la economía nacional con metas específicas en generación de empleo, productividad, inclusión social y equidad. Si esto no se logra, será inviable propiciar el desarrollo rural y un combate a la pobreza efectivo.

Destacó el serio problema de la desigualdad: “En Oaxaca hay diez veces más pobres que en Baja California”, y el hecho de que –dadas las presiones económicas en el medio rural– la migración ha dejado vacíos muchos territorios y poblados, generando una pérdida de soberanía no sólo alimentaria sino territorial.

Afirmó que es indispensable descentralizar los presupuestos y programas agrícolas hacia los estados, para que allí, con la intervención de la sociedad –aglutinada en coaliciones transversales– sea donde se decida la forma de aplicar los recursos; con ello se lograría mayor equidad. Destacó la existencia de colectivos, como las mujeres con derechos sobre la tierra (1.4 millones), los jóvenes, los migrantes y jornaleros, los cuales son absolutamente ignorados en las políticas para el campo.

Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) consideró que la pobreza y desigualdad social son el principal problema del medio rural. Comentó que mientras el PIB per cápita medio de los diez municipios más ricos del país es de más de 39 mil dólares, el de los municipios más pobres es de sólo 603 dólares. Afirmó que las políticas de subsidios son insuficientes para enfrentar la situación, pues éstos se dirigen a los productores con excedentes, y un 75% de las unidades de producción rural cuentan con menos de cinco hectáreas, es decir son deficitarias. Hizo una propuesta de política financiera que busca generar capacidades, autonomía y crear activos en la población rural pobre. Dijo que hay margen para elevar la productividad campesina, la cual es muy baja, de 400 o 500 kilos por hectárea; “elevar esta productividad significa reducir uno o dos meses la migración de la gente”.

Antonio Turrent, experto en maíz, afirmó que existen mecanismos y tecnologías que permitirían a México elevar su producción de este grano en volúmenes suficientes para alimentar a un país de 150 millones de habitantes. Tales fórmulas, que requieren inversión pública por su puesto, implican incrementar la eficiencia del riego y aprovechar una reserva de nueve millones de hectáreas de tierra agrícola de calidad.

Carlos Rodríguez Wallenius, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, señaló que la historia del país ha sido un continuo intento de borrar lo indígena y lo popular. Hoy los indígenas está bajo acecho pues enfrentan un gran despojo de tierras debido al crecimiento urbano acelerado, a la efervescencia de inversiones para la exploración y explotación de riquezas mineras, a la presión de empresas turísticas, al proceso de instalación de plantaciones forestales para producir papel y madera o para generar agrocombustibles con palma africana y jatrofa, y están expuestos también al despojo para proyectos de presas o los parques eólicos, entre otros. Señaló como necesario propiciar mecanismos de protección de la propiedad privada y colectiva de la tierra y garantizar el derecho soberanía comunitario al uso y gestión de los bienes naturales del territorio.

Mesa de Campo y Soberanía Alimentaria. De izquierda a derecha: Gustavo Sánchez, Antonio Turrent, Héctor Robles, José Antonio Mendoza, Isabel Cruz y Carlos Rodríguez

Mesa de Campo y Soberanía Alimentaria. De izquierda a derecha: Blanca Rubio, Víctor Suárez, Luisa Paré, María Luisa Albores y Luis Meneses