Los abogados del general de división Tomás Ángeles Dauahare pretenden obtener un amparo con el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) violó varias de sus garantías constitucionales, entre ellas las de debido proceso, presunción de inocencia y derecho a una defensa equilibrada.

Los conceptos de violación de garantías que manifestaron los abogados del general al redactar la demanda de amparo refieren que la violación a los derechos constitucionales de defensa del mando militar se sustentan en el hecho de que los ex narcotraficantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que hicieron imputaciones en su contra, Jennifer y El Grande, están presos en Estados Unidos.

Será prácticamente imposible efectuar careos procesales en tribunales mexicanos para que el general pueda cuestionar a sus acusadores, dijo una fuente consultada, al referirse a la posibilidad de que Ángeles sea consignado a un juez y quede sujeto a juicio penal.

En el antecedente de hechos narrados en esa demanda de garantías, a la que tuvo acceso La Jornada, Ángeles sostuvo que no teme a cualquier investigación en su contra, porque no existe posibilidad alguna de que pudiera allegarse el fiscal de la Federación de dato alguno que acredite, tan siquiera de manera indiciaria, mi responsabilidad en ilícito alguno.

En el juicio de amparo 510/2012, que presentó el general contra el arraigo, reclama que es indebida la retención contra su persona, pues la PGR ha violado el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, al motivar que reciba un trato ajeno a su condición de inocente.

Ángeles sostuvo que siempre, en todos mis actos tanto familiares como profesionales, me he conducido con rectitud, por lo que niego categóricamente haber realizado conducta alguna que pueda ser considerada como delictuosa.