La deuda del país en materia de derechos humanos alcanza proporciones de escándalo, ante lo cual es urgente preguntar por qué las autoridades aún son omisas al respecto y no castigan a quienes cometen abusos, aseveró Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, y planteó que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema.

Herrera hizo el señalamiento durante la presentación del informe 2012 del organismo, el cual advierte que las autoridades del país no han cumplido siquiera con los estándares mínimos para prevenir y resolver casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en muchos de los cuales están involucrados miembros de las fuerzas oficiales de seguridad.

En el auditorio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, subrayó que México no puede esperar más por verdad y justicia. La deuda acumulada en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano tiene proporciones francamente de escándalo.

Muestra de eso, dijo, son las 12 mil personas que perdieron la vida en el país el año pasado, de acuerdo con informes oficiales; los 8 mil 898 cadáveres que permanecen sin identificar en las morgues, y las más de 2 mil quejas que se presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra miembros del Ejército y la Marina por violaciones contra esas garantías.

Ante ese panorama sombrío, AI se continúa preguntado “por qué después del incremento grave de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en los últimos años, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, las autoridades mexicanas han sido omisas en adoptar las medidas necesarias y suficientes para hacer rendir cuentas a sus propios agentes”.

Instó a los candidatos presidenciales a incorporar el tema de los derechos humanos en sus campañas, y anunció que AI les enviará una carta donde pedirá que se pronuncien sobre temas como el castigo a los responsables de abusos; el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y la protección a grupos vulnerables, como activistas, comunicadores, mujeres e indígenas.

La periodista Sanjuana Martínez, colaboradora de La Jornada, alertó: México es un país desangrado que Felipe Calderón deja en las tinieblas de la impunidad y de una guerra delirante cuyas cifras hablan de fracaso, entre cuyos ejemplos están la masacre en San Fernando en agosto de 2010 y los asesinatos de defensores de derechos humanos y comunicadores.

Este conflicto armado, indicó, ni siquiera ha dejado en buenas condiciones al Ejército, el pilar con el cual el emperador débil de Los Pinos se ha protegido, y a pesar de los graves abusos de elementos castrenses contra la población civil, sigue siendo una casta de privilegiados con una patente de corso que se llama fuero militar.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció por su parte que Vidulfo Rosales, uno de los abogados del colectivo, tendrá que salir del país por las recientes amenazas de muerte en su contra, y lamentó que pese a tener medidas provisionales ordenadas en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vida de muchos de sus compañeros aún está en riesgo.

El propio Rosales informó en entrevista aparte que entre hoy y mañana saldrá del país rumbo a la capital estadunidense, donde permanecerá algunas semanas para después ir a Costa Rica, y anunció que no regresará hasta que no haya mejores condiciones de seguridad en su favor.

Tras confirmar que las amenazas tienen que ver con su trabajo en los casos de la presa La Parota, los estudiantes de Ayotzinapa y las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, el abogado indicó que otros cinco o seis de sus compañeros se encuentran en la misma situación de peligro.