Los supuestos protocolos sobre uso de la fuerza para el Ejército, la Marina y otros cuerpos de seguridad, dados a conocer hace un mes por el presidente Felipe Calderón, en realidad son directrices aisladas, ambiguas e incluso contrarias a la Constitución y a diversos tratados internacionales, señalaron investigadores del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Durante la presentación de un estudio sobre el tema, los expertos dijeron que dichas pautas de actuación llegan de forma tardía y siguen poniendo en riesgo tanto a los ciudadanos como a los servidores públicos.

Edgar Cortez indicó que aunque el Presidente los calificó de protocolos, en realidad no se trata más que de lineamientos imprecisos que pueden ser modificados en cualquier momento, y que se dan a conocer a unos cuantos meses de que termine el actual sexenio, cuando lo ideal es que hubieran sido aplicados desde el inicio del mismo para evitar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Una muestra de falta de coordinación institucional, dijo Cortez, es que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sí tienen pautas para realizar una detención, pero las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) no cuentan con ellas, lo que genera desequilibrios riesgosos. En esta misma línea, indicó, es preocupante que la Armada utilice términos incorrectos como trata de esclavos, en vez de trata de personas, o que en sus documentos hable de adversarios en vez de ciudadanos.

Este tipo de falsos protocolos, subrayó el activista, tratan de suplir a los reglamentos de algunas leyes y dejan entrever la intención de dejar a las fuerzas armadas cumpliendo tareas de seguridad pública por tiempo indefinido, a la vez que aparentan sensibilidad y apertura sobre el tema.

Juan López explicó a su vez que en los lineamientos de las fuerzas de seguridad incluso se utilizan conceptos que ya no están vigentes en la Constitución, como la flagrancia equiparada, o que tienen un alto grado de ambigüedad, como el del uso de la disuasión política.

Falta claridad sobre cuándo y cómo utilizar armas de fuego; no se establece que cualquier aprehensión debe realizarse con la orden expresa de un juez, ni se especifica que los agentes deben llevar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, ya que, en el caso de la SSP, incluso se deja abierta la posibilidad de trasladarlos primero a un hospital.

Por su parte, Rocío Culebro, directora ejecutiva del IMDHD, agregó que los lineamientos de los cuerpos de seguridad no sólo llegan tarde, sino que además fueron planteados con notable descuido y apresuramiento.