l padre Alejandro Solalinde, director del refugio para migrantes Hermanos en el Camino, situado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, inició sus funciones el 26 de febrero de 2007. El objetivo fue crear un centro para migrantes que transitan por el país, básicamente centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos; un centro de asistencia humanitaria, un techo donde refugiarse para recuperarse de los terribles obstáculos que tienen que enfrentar en la odisea por su paso a lo largo y ancho de México. Está localizado cerca de las vías del tristemente célebre ferrocarril llamado La Bestia, nombre que responde fehacientemente a los graves percances que sufren, como mutilaciones al caerse del tren, secuestros, extorsiones, etcétera.
Parece que todo se confabula contra estas personas. En primer lugar tienen que enfrentar a las propias autoridades mexicanas, que son las que violan sus más elementales derechos humanos. Se destaca entre éstas al Instituto Nacional de Migración, que se ha visto envuelto en diversos hechos de corrupción, pues algunos de sus funcionarios están coludidos con la delincuencia organizada y ellos mismos entregan a los migrantes a los criminales. Y si bien se señala que la nueva administración bajo el comisionado Salvador Beltrán del Río ha despedido a algunos de ellos y se han aplicado controles de confianza, la realidad es que seguimos sin ver cambios reales. Lo mejor que podía pasar es que este instituto desapareciera, pues está carcomido por la corrupción. Por otro lado, se encuentran las fuerzas de seguridad, algunos de cuyos integrantes están también coludidos con el crimen organizado y entregan a los migrantes para recibir un pago a cambio.
Pero ahí no acaba el horror para estos migrantes, pues se añade la discriminación de las comunidades que rodean estos centros, como sucede con el refugio del padre Solalinde, las cuales también abusan de ellos y los hostigan. Lo cual resulta aberrante cuando sabemos que muchas de estas comunidades viven ellas mismas el desgarro que produce la migración de familiares, padres, hermanos, hijas, hijos, etcétera. Han llegado al grado de que el 24 de junio de 2008 un grupo de 50 residentes de Ciudad Ixtepec, encabezados por el alcalde y 14 policías municipales, irrumpieron en el albergue. Amenazaron con prender fuego al edificio si no se cerraba en un plazo de 48 horas. Es decir, autoridades y cuerpos de seguridad vinculados azuzaban a la población para que apoyara hechos tan reprobables.
Amnistía Internacional ha presionado a las autoridades mexicanas para que den garantías al padre Solalinde y a su equipo para continuar con su labor humanitaria y de defensa de los derechos humanos. Concretamente el pasado 18 de abril este organismo internacional exigió al gobierno de Felipe Calderón que reforzara las medidas de protección, pues se señala que hay un sicario pagado para asesinar al religioso, y detrás de estas amenazas se encontraría el crimen organizado.
Sin embargo, las amenazas no pararon, ni los actos de hostigamiento. Por ello Amnistía Internacional emitió ahora una alerta urgente en la que se pide a los gobiernos de Calderón, y de Gabino Cué en Oaxaca, fortalecer las medidas de protección otorgadas al sacerdote y a su equipo en el albergue
, en estricto apego a sus deseos y tal como fueron ordenadas por la CIDH.
Todo esto ha sido denunciado por el padre Solalinde y ha tocado, con enorme valor, intereses poderosos al declarar que las amenazas provienen tanto de grupos que están relacionados con políticos influyentes
y con narcotraficantes, al tiempo que ha responsabilizado al propio ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, al que por cierto el gobernador Cué parece no querer tocar ni con el pétalo de una rosa
. Y sus denuncias llegan hasta el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, a quien le reclama por los malos resultados de la Policía Federal en el combate a las bandas de secuestradores de migrantes y señala que esta corporación en lugar de apoyar a los migrantes se han encargado de asaltarlos. Tampoco se salva el Episcopado Mexicano, pues de acuerdo con el padre Solalinde actúa con absoluta tibieza ante el fenómeno migratorio.
¿Y cuál ha sido el desenlace de toda esta tragedia en que el padre Solalinde se encuentra involucrado por su interés humanitario, por apoyar a los migrantes y buscar que se respeten sus derechos humanos?
La respuesta ha sido el exilio, pues su vida corre peligro. Y si bien señala que es temporal y que regresará en dos meses, lo cierto es que ha tenido que salir del país porque el gobierno de Felipe Calderón no ha ofrecido al defensor de los derechos humanos seguridad para continuar con su labor debido a la absoluta impunidad que reina en México.
Esta es la realidad que recordaremos de la administración de Felipe Calderón.
