Es una deuda que permanece oculta. El país enfrenta pasivos relacionados con los sistemas de pensiones de instituciones públicas federales y estatales por un monto que hoy supera el valor de la economía mexicana y que consume cada año 10 veces más recursos de los que son destinados por el Estado para combatir la pobreza.

Las cifras son tomadas de fuentes oficiales: los pasivos pensionarios en México alcanzan 14.35 billones de pesos, cantidad que equivale a 104 por ciento del producto interno bruto (PIB). Los recursos canalizados por el Estado para cubrir el déficit de los sistemas de pensiones públicos suman este año 430 mil millones de pesos, el tercer renglón de mayor dimensión en el presupuesto de egresos de la Federación. Puesta en perspectiva, esta cantidad representa 10 años de gasto en combate a la pobreza o 12 años de financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los sistemas de pensiones en México son financieramente inviables y socialmente inequitativos, expone Pedro Vásquez Colmenares, autor de Pensiones en México, la próxima crisis, un libro que saldrá a la luz en menos de un mes y que busca cuantificar la dimensión del problema de las pensiones en el país. Se trata, dice en entrevista con La Jornada, de un problema que está creciendo y al que no se ha puesto la debida atención.

En México existen al menos 105 sistemas pensionarios para los trabajadores del Poder Ejecutivo federal, el Poder Judicial y organismos autónomos como el Banco de México y las universidades estatales, explica Vásquez Colmenares, cuyo trabajo fue editado por Siglo XXI Editores. Sólo cinco de ellos tienen fondos suficientes para hacer frente a la obligación de pagar una pensión para sus trabajadores que pasen a retiro: los del Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los de trabajadores del gobierno de Aguascalientes y el del Instituto Tecnológico de Sonora.

La información que tenemos de los más de 100 sistemas pensionarios, que no incluyen los de trabajadores de estatales y municipales, es parcial o inexacta, expone Vásquez Colmenares, director de prestaciones económicas, sociales y culturales del Issste, quien comenta en la entrevista que escribió el libro de manera independiente a su trabajo como servidor público y a partir de sus experiencias en las reformas a los regímenes de pensión de los sectores público federal y privado.

El origen del problema

Hay, dice Vázquez Colmenares, un velo en cuanto a la información relacionada con los pasivos de los fondos de pensión. Es un problema que se ha ido gestando a lo largo incluso de décadas, al cual, insiste, no se le presta la debida atención aun cuando ya desde ahora comienza a ser crítico, en particular para las universidades estatales. En los últimos meses, varias instituciones de educación superior de algunos estados han dejado al descubierto que no pueden asumir el costo de sus sistemas pensionarios.

–¿Cómo se originó este problema?

–No hay una causa única. Tiene que ver con el cambio demográfico, la transformación en la conformación del mercado laboral, las crisis económicas de las últimas décadas y, también, que no se han hecho estudios profundos para comprender la magnitud del problema.

Se va al detalle. El origen demográfico del problema, expone, está relacionado con el hecho de que, cuando se conformaron los actuales sistemas pensionarios no se consideró que a la vuelta de varias décadas la tasa de natalidad comenzaría a descender al tiempo que la expectativa de vida aumentaría. Hoy menos personas, respecto del total de la población, ingresan al mercado laboral que hace 60 o 50 años, mientras una persona que, alrededor de los 65 años, pasa a retiro tiene una expectativa de vida mayor que los jubilados de hace cinco décadas.

El otro factor es que los actuales sistemas pensionarios fueron diseñados bajo el supuesto de que habría un mercado laboral creciente de personas asalariadas y, por lo tanto, que cotizan a la seguridad social. Nadie imaginó entonces, agrega, que en el México actual 40 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en la economía informal y que, como consecuencia, no aporta a los sistemas de seguridad social.

Pedro Vázquez Colmenares en la entrevista con La JornadaFoto Yazmín Ortega Cortés

El tercer factor tiene que ver con las crisis económicas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. En esos años las negociaciones salariales de varias instituciones, como el Seguro Social, los Ferrocarriles Nacionales o las universidades públicas se fueron por el camino de aumentar las prestaciones a pagar a futuro, como los derechos pensionarios, a cambio de menores incrementos salariales.

Es una suma de factores demográficos y económicos, de decisiones tomadas en el pasado que hoy tienen números: los pasivos pensionarios a cargo del gobierno federal y de gobiernos estatales suman 14 billones 356 mil 300 millones de pesos, 104.2 por ciento del PIB, con la siguiente distribución (todas las cifras entre paréntesis son porcentajes del PIB):

Los pasivos pensionarios de Petróleos Mexicanos alcanzan 661 mil 300 millones de pesos (4.8); Comisión Federal de Electricidad, 261 mil 400 millones (1.9); Luz y Fuerza, 287 mil 200 millones (2.1); banca de desarrollo, 35 mil 500 millones (0.3); Ferrocarriles Nacionales, 32 mil 500 millones (0.2); trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 billones 504 mil 700 millones (18.2); régimen de transición de afiliados al IMSS, 4 billones 179 mil 400 millones (30.3); derechohabientes del Issste, 4 billones 327 mil 200 millones (31.4); entidades federativas, un billón 791 mil 500 millones (13), y universidades públicas, 275 mil 600 millones (2)

Se trata, en suma, de un monto que, al ser equivalente a 104 por ciento del producto interno bruto es, para efectos comparativos, una presión similar a la que hoy enfrentan países como Italia, Grecia o España y, también por ponerlo en perspectiva, más de tres veces el tamaño de la deuda pública interna y externa del país, que representa 30 por ciento del PIB.

–¿Es un problema que se hará más evidente en el futuro y por eso su escasa atención?

–No es un problema sólo del futuro. Ya tiene consecuencias hoy mismo –responde.

En 2006, al comienzo de esta administración, había 3 millones de pensionados, expone. El número pasó a 4.1 millones en 2010 y, de seguir ese ritmo, implica que el número de pensionados se duplicará cada nueve años.

Este año el gasto del gobierno federal para cubrir el déficit de los sistemas de pensiones, llamado ramo 19 en el presupuesto de egresos de la Federación, alcanzará 430 mil millones de pesos. El ramo 19 es ya el tercer gasto más importante dentro del presupuesto nacional. En los últimos años ha crecido a un ritmo de 16 por ciento anual, sin duda el que más crece en el presupuesto. Si seguimos a ese ritmo, las pensiones consumirán uno de cada cinco pesos del gasto público en 2018, es decir, a finales del próximo gobierno, argumenta Vásquez Colmenares, con base en cifras oficiales, para poner sobre la mesa la magnitud que, ya ahora, alcanza el problema de los deficitarios sistemas de pensiones.

Pone un punto más: estas obligaciones fueron generadas por las entidades públicas federales y estatales en su condición de patrón, es decir, como parte de un arreglo contractual entre el Estado nacional, los estados o las universidades públicas con sus trabajadores. Pero en cambio, el déficit que arrastran esos sistemas pensionarios están siendo pagados por todos los contribuyentes.

Para el autor el primer paso para acometer el reto es crear conciencia de que existe un problema, de que los sistemas de pensión no están debidamente fondeados y de que su magnitud, el hecho de que representen una deuda que es mayor al tamaño de la economía, requiere que desde ahora se piense en un rediseño legal, financiero e institucional de fondo.

Existe un gran problema de pasivos. La situación pensionaria es precaria, inviable e injusta, dado su grado de concentración de beneficios. El gobierno no tiene ni tendrá los recursos para hacer frente al crecimiento acelerado de las obligaciones, advierte.