La Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las organizaciones civiles que convocaron al cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Violencia hicieron un llamado urgente al Congreso para que apruebe, al menos, el nuevo Código de Procesos Penales Federales y la nueva Ley de Amparo, que son pilares de la reforma al sistema de justicia.

Incluso, el presidente Felipe Calderón señaló que el receso legislativo no es obstáculo, pues se puede convocar a periodo extraordinario de sesiones, donde sólo se aborden estos dos puntos.

En respuesta, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Martín Arce Paniagua (PAN), convocó a partidos y legisladores de ambas cámaras a aprobar antes de que termine la actual legislatura el nuevo código, la Ley de Amparo y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, porque es lo que la sociedad está pidiendo.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Humberto Benítez Treviño (PRI), sostuvo que la convocatoria para un periodo extraordinario sería después de las elecciones presidenciales, no antes.

Ambos legisladores coincidieron en que el proceso electoral politizó el trabajo legislativo, pero se comprometieron a hacer lo posible para que sean aprobadas.

Al inaugurar ayer el foro, en un hotel capitalino, Calderón dijo que posponer la aprobación de las leyes es un obstáculo a la urgente modernización de nuestro sistema judicial y de la justicia. Y posponerla por tanto tiempo, me parece francamente una irresponsabilidad. Y hay que ser muy claros, esta falta de cooperación y voluntad está teniendo un costo para México. Por eso, es indispensable que el Congreso le dé la prioridad que merece esta iniciativa. No importa que estén en receso, pueden en cualquier momento convocar a una sesión extraordinaria para resolver ¡siquiera un tema pendiente; uno!, insistió.

Ante los representantes de organizaciones civiles que participan activamente por la aplicación de los juicios orales y del nuevo sistema penal acusatorio, señaló que la falta de leyes que reglamenten y ordenen las reformas constitucionales hacen nugatorias éstas, a pesar de que las necesitamos los mexicanos.

De ahí la exigencia ciudadana a los legisladores, porque lo peor que puede pasar es la indefinición; lo peor que puede ocurrir es que no haya siquiera una respuesta a lo que se propone.

El ministro Sergio Valls, por su parte, sostuvo que las reformas pendientes en sí mismas, no garantizan que funcione el modelo de justicia.

Se requiere, agregó, un cambio cultural y de mentalidad; no se trata de una simple reforma penal. Precisó que el nuevo sistema no se limita a la aplicación de juicios orales, sino que también prevé juicios alternativos, procesos abreviados y la inclusión de nuevos juzgados para agilizar y controlar los procesos judiciales, además de dar seguimiento a los casos de personas privadas de la libertad.

Antes, el presidente de la asociación civil México SOS, Alejandro Martí García, exigió a gobernadores y diputados federales agilizar la puesta en marcha de la reforma penal. Señaló que existen entidades federativas donde la situación es sumamente preocupante, donde la actitud de los mandatarios estatales es de absoluto desdén, quienes se han convertido en un gran obstáculo para la implementación de la reforma.

Martí dijo que los diputados federales no han priorizado su trabajo; han privilegiado sus intereses de partido y personales. Lamentó que la competencia electoral haya afectado la puesta en marcha de los juicios orales y otras medidas que agilizarían la impartición de justicia.