Ilícitos que les imputarán, ligados con el caso Ángeles Dauahare
Martes 22 de mayo de 2012, p. 13
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una indagatoria contra al menos 12 mandos del Ejército Mexicano, entre ellos un mayor y dos capitanes, por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, revelaron fuentes ministeriales.
Hasta el momento se mantiene en secreto el nombre de los militares implicados, pero las fuentes consultadas indicaron que los hechos delictivos que les imputarán a los efectivos castrenses están relacionados con la averiguación previa abierta contra el general de división Tomás Ángeles Dauahare, quien actualmente se encuentra bajo arraigo.
La indagatoria la lleva a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Se inició a partir de las declaraciones que dieron en 2009 varios militares detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A decir de las fuentes consultadas, también se utilizó el testimonio del testigo protegido Jennifer para fortalecer las acusaciones contra esa docena de militares, quienes hasta 2004 estaban bajo las órdenes de Ángeles Dauahare.
El Ministerio Público Federal busca acreditar delitos contra la salud y delincuencia organizada contra esa docena de mandos, contra quienes a más tardar la semana próxima se librarán órdenes de presentación ante la Siedo.
Hasta el momento la PGR ha decidido arraigar a tres generales presuntamente vinculados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva: Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
Demanda de amparo
Este último promovió una demanda de amparo contra el arraigo de 40 días, al cual fue sometido el fin de semana pasado.
De acuerdo con informes judiciales, la demanda de garantías fue radicada ante el juzgado décimo de distrito en materia de amparo penal del Distrito Federal.
El general Escorcia solicitó que se suspenda todo tipo de incomunicación, tortura y malos tratos a que pudiera ser sometido durante la retención.
El militar retirado reclamó como acto principal el arraigo, que a solicitud de la Siedo autorizó por 40 días el juez primero penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, Luis Núñez Sandoval, según la demanda registrada con el número 489/2012.
Escorcia Vargas cumple con la medida cautelar en el Centro de Investigaciones Federal de la colonia Doctores, junto con el general de división en retiro Tomás Ángeles; el general de brigada Roberto Dawe y el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.