n un hecho sin precedente en la historia de nuestro país, el pasado martes 15 de mayo se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de los funcionarios del gobierno mexicano que no han cumplido con la asignación del uno por ciento del producto interno bruto (PIB) para la investigación científica y el desarrollo tecnológico que establece la ley. El documento, en el que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de esa falta, fue elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que preside el doctor Juan Pedro Laclette. En él se solicita realizar una investigación con el fin de determinar cuáles servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incumplieron con esa obligación, lo que involucraría a funcionarios de los gobiernos panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.
Para valorar la importancia de este hecho, hay que tomar en cuenta que la denuncia fue elaborada por un acuerdo tomado en la décima sesión extraordinaria de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC –organismo de participación creado por la Ley de Ciencia y Tecnología–, que está integrada por los rectores y directores de instituciones de educación superior e investigación, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y su Centro de Investigación y de Estudios Avanzados; participan además, por medio de sus presidentes, las academias de Ingeniería, la Nacional de Medicina y las mexicanas de Ciencias, Historia, y de la Lengua, así como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. También forman parte de la mesa directiva del foro los titulares de las asociaciones Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico y Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como los líderes del Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Finalmente, participan tres representantes de científicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Tanto la Ley de Ciencia y Tecnología (artículo 9 bis) como la Ley General de Educación (artículo 25) determinan con claridad que el gasto nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico no podrá ser menor del uno por ciento del PIB. A partir de estas disposiciones, la denuncia señala que existe la obligación de la SHCP de prever, en los Proyectos de Presupuestos de Egresos (de 2006 a la fecha), los recursos suficientes para cumplir con esa disposición, algo que desde entonces no ha ocurrido. Aunque no se menciona ningún nombre en el documento, quienes han encabezado esa secretaría de Estado durante el periodo señalado han sido Francisco Gil Díaz (en la presidencia de Fox), así como Agustín Carstens y Ernesto Cordero (durante el gobierno de Calderón).
La denuncia señala que el incumplimiento de estas leyes ha significado una merma en los recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el periodo 2006-2011, del orden de 464 mil 484 millones de pesos, “…con lo que se acentúa el subdesarrollo y se desperdicia el potencial de los investigadores que con muchos trabajos logra formar México”. De este modo, se afecta jurídicamente en especial a los investigadores jóvenes, por la insuficiencia de centros de investigación y plazas de trabajo, dice la denuncia. El documento agrega que dado que está plenamente demostrado que la inversión en ciencia se traduce en una mejora en la calidad de vida de la población, el incumplimiento por parte de los servidores públicos de la SHCP ha afectado “… la esfera jurídica de millones de mexicanos que el día de hoy viven en situación de pobreza, como consecuencia directa de sus omisiones”.
Además de pedir a la Secretaría de la Función Pública que realice la investigación para conocer quiénes son los servidores públicos que incumplieron con la obligación señalada, en la denuncia se solicita expresamente la imposición de las sanciones administrativas correspondientes. Sobre este punto, en una parte del documento se señala que los recursos involucrados (los más de 460 mil millones de pesos) deben ser considerados en la imposición de dichas sanciones, con lo que se buscaría recuperar ese dinero para la investigación científica y el desarrrollo tecnológico de México.
También se solicita a la autoridad fijar las medidas preventivas y correctivas para evitar futuras omisiones en la asignación del uno por ciento del PIB para la ciencia y la tecnología que determina la ley, y, finalmente, le piden denunciar ante el Ministerio Público Federal, los hechos que, como resultado de la investigación, pudieran constituir delitos.
Se trata de una denuncia bien fundamentada, clara y directa, con la que se trata de poner fin a la idea de que las leyes en nuestro país no se cumplen y que prevalece la impunidad, especialmente cuando son servidores públicos los involucrados en el incumplimiento. Es un documento histórico, que ilustra el hartazgo de buena parte del sistema nacional de ciencia y tecnología por el abandono en el que se tiene a estas actividades. Habrá que estar muy pendientes del curso que tome este proceso, y de la actitud de la Secretaría de la Función Pública ante el mismo.
