Madrid, 21 de mayo. Al tiempo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó las medidas de austeridad de España, el gobierno contrató a dos agencias para auditar a sus bancos y despejar cualquier duda sobre el valor de la cartera de sus préstamos inmobiliarios, y descartar la necesidad de ayuda externa para sanear el sector bancario.

El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del pacto internacional en la materia, cuestionó por desproporcionadas las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar la crisis, en una resolución pronunciada este lunes en Ginebra.

A la ONU le preocupa que en España 21.8 por ciento de la población vive aún debajo del umbral de pobreza, que el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido congelado desde 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digna, y que la crisis económica y financiera haya puesto en peligro la protección y promoción de la capacidad creativa e investigativa del Estado.

Medidas perjudiciales

Las medidas perjudican el disfrute de los derechos de personas y grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo, según la resolución.

Por lo anterior, la ONU pide a España garantizar que todas las medidas identifiquen el contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados.

Constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, este comité se mostró preocupado por el continuo incremento de las tasas de desempleo y del empleo de larga duración que afectan negativamente a un porcentaje elevado de la población del Estado.

Para enfrentar la coyuntura, la ONU exhorta a España a reforzar sus programas y adoptar estrategias con miras a reducir las tasas de desempleo y cumplir con el pleno disfrute del derecho al trabajo, y que las medidas de austeridad sean en todos los casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales.