La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) alertó al gobierno mexicano desde marzo de 2010, que existían señalamientos de un narcotraficante convertido en testigo protegido en contra de los generales de división Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como el general brigadier Roberto Dawe González.

Documentos de la averiguación SIEDO/UEIDCS/112/2010, con los que se pidió al juzgado primero de distrito el arraigo de Ángeles y Dawe, refieren que el 23 de marzo de 2010 el testigo, identificado como Jennifer, hizo señalamientos ante autoridades de Estados Unidos, donde radica con una nueva identidad.

Ángeles y Dawe recibieron, al menos en seis ocasiones entre 2005 y 2010, dádivas que supuestamente les proporcionaron miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, aunque se les identifica como un brazo operativo al servicio del cártel de Sinaloa, del que se separaron desde 2004.

El testigo protegido involucró a seis militares; tres de ellos supuestamente ya se encuentran bajo proceso penal. Jennifer dijo a la DEA en 2010 que al menos en seis ocasiones vio salir al general Dawe de casas de seguridad que utilizaba Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, cuando éste era lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva.

El dicho de este testigo refiere que cuando Dawe salió de las casas de seguridad de La Barbie llevaba maletas oscuras, aunque reconoció que nunca vio el dinero que, aseguró, recibieron los generales. Jennifer declaró que supo por otros miembros de la delincuencia organizada que en esas maletas iba dinero en efectivo, “y fueron seis veces las que vi salir de casa de Sergio Villarreal, El Grande, al militar que identificaban como general Dawe; en todas las ocasiones él traía unas maletas negras que le había entregado La Barbie”, según consta en la averiguación previa UEIDCS/112/2010.

En su declaración a la DEA –que se puede leer en el oficio 0078653/002010, que la agencia estadunidense le envió al gobierno mexicano en abril de 2010, y que forma parte del expediente judicial con el que se libró el arraigo de los generales Dawe y Ángeles–, Jennifer sostiene que “El Grande fue quien me dijo que en esas maletas había dinero para el general Dawe”.

Este mismo testigo también declaró en contra del general de división Tomás Ángeles Dauahare: “En julio de 2008, el general (Ángeles) llegó acompañado de un séquito de seguridad a una reunión donde estuvo presente La Barbie, y ahí se le entregaron 500 mil pesos en efectivo”.

Otro militar detenido por presuntos nexos con el crimen, que se convirtió en testigo protegido de la PGR y que declaró en contra de Ángeles, fue el mayor Arturo González, ex integrante del Cuerpo de Guardias Presidenciales, quien fue arrestado en diciembre de 2008 por vínculos con los hermanos Beltrán Leyva.

Según este ex militar, actualmente preso, escuchó decir a El Grande que entre 2008 y 2010 La Barbie le entregó al general Ángeles seis pagos de 350 mil pesos en efectivo.

Jennifer ha sido utilizado desde 2007 en casos relacionados con delincuencia organizada, donde ha referido conocer pagos a funcionarios públicos o militares con grupos del crimen organizado, que van desde Los Zetas hasta los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, que son procesos en los que en su mayor parte la Procuraduría General de la República no ha obtenido sentencias condenatorias.