os actos en contra de los migrantes se acumulan. El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, del estado de Oaxaca, tuvo que dejar el país ante las amenazas que ponen en riesgo su vida.

Miles de mujeres y niñas migrantes que trabajan en los campos agrícolas del norte de México y en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) enfrentan altos índices de violencia y acoso sexual en los lugares de trabajo. Muy pocos casos se denuncian por temor a represalias o al despido en el trabajo. La situación es humillante y desesperante.

Tanto en México como en EU, los casos de violaciones a los derechos humanos proliferan y se extienden en ambos países. El Estado mexicano parece petrificado frente a esta problemática. El tema migratorio no pasa de ser parte del discurso político, sin hechos que acrediten un interés real en el tema.

Según una investigación de René Martín Zenteno de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), EU deporta cada año más mexicanos que los que emigran. En 2011 los cruces con desplazamiento hacia ese país fueron menores a los 350 mil migrantes deportados. La disminución de las corrientes migratorias en busca del sueño americano han disminuido debido a la contracción de la economía estadunidense y el endurecimiento de las política antinmigrantes, de esta manera de más de 700 mil cruces que se produjeron en 2008 bajaron a menos de 350 mil el año pasado; sin embargo, las deportaciones no se redujeron en la misma proporción: pasaron de 500 mil a 350 mil en el mismo periodo, destaca el estudio del Colef.

Según el boletín Nº 27/09 del 21 de octubre de 2009, emitido por la Secretaría de Gobernación, se afirma que de acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo), 41 de 50 estados del país vecino promulgaron leyes relativas a la migración en 2008, y que en ese año, siete de cada 10 leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo.

Dentro de un clima antinmigrante como éste, se hace cada vez más difícil para las organizaciones comunitarias defender los derechos laborales y humanos de los trabajadores indocumentados. Ante esta situación el Estado mexicano no puede ni debe claudicar, sobre todo porque una de sus funciones primordiales es garantizar la integridad de las personas y proteger a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Renunciar a esta tarea significa renunciar a una obligación básica de gobierno.

Es preciso crear opciones que detengan el conflicto y la intolerancia política y social imperantes. Existe también una contención abrupta del flujo migratorio mediante la aplicación de medidas drásticas, entre las que se encuentran deportaciones masivas por otra frontera muy distante a la cual ingresaron los migrantes –esto es común en el caso de los niños, quienes tiene que sobrevivir en las calles o laborar en condiciones infrahumanas y de explotación en las ciudades de la frontera–, considerarlos como criminales cuando ingresan a ese país sin documentos, privarlos de los servicios más elementales y construir un muro fronterizo, argumentando razones de seguridad nacional, acto éste diametralmente opuesto a la buena relación que debe existir entre vecinos y socios comerciales. Tal parece que en estos tiempos se trata peor a los migrantes que a los narcotraficantes.

Lo anterior es políticamente inaceptable y requiere una respuesta puntual. Una respuesta política, tanto de las instituciones del Estado como de los propios migrantes, no sólo a través de los conductos diplomáticos tradicionales, sino también por medio de una instancia con autoridad institucional y moral, expresamente concebida para afrontar política y legalmente la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero. Por ello se hace necesario la creación de la figura del ombudsman del migrante.

El organismo que sea creado habrá de ser una instancia que constituya una firme defensa de los migrantes, que atienda y canalice sus necesidades específicas, que genere y coordine iniciativas, que proponga un proceso de diálogo político con la sociedad para identificar con precisión la problemática migratoria y aliente experiencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de soluciones. Más que seguir siendo considerados objeto de políticas, los migrantes deben ser vistos como sujetos políticos con voz propia que merecen ser escuchados, atendidos y apoyados.

Considerando que la migración es un fenómeno continental, este organismo podría incluso promover el diseño de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el desplazamiento interno y el refugio con la idea de generar propuestas para resolver las problemáticas que son comunes en la materia a los países americanos.

Lo expuesto anteriormente justifica la existencia de un organismo especializado que pueda contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en EU. Por otra parte, si el gobierno mexicano ha manifestado estar preocupado por estos derechos en otras partes del mundo, debe empezar por la propia casa, garantizando los derechos de cualquier persona que esté de paso en territorio nacional.

Sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad deben contar con una figura institucional que garantice su integridad y todos los derechos de los que como seres humanos deben gozar.