Santa Fe es un verdadero conflicto y se agravará con la construcción de viviendas en el predio La Mexicana, pues implicará la llegada de 25 mil nuevos habitantes con el consecuente impacto en la dotación de servicios urbanos, agua y vialidades, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Asesores Certificados de Crédito (ANACC), Saulo Rosales Ortega.

Los afectados no serán únicamente los compradores de los 5 mil 500 departamentos, sino también los agentes inmobiliarios al vender desarrollos que eventualmente podrían tener conflictos sociales, legales o de viabilidad urbana y que se podría suponer que estamos en contubernio con los promotores de los mismos, al no responder a las necesidades de la gente, señaló.

Las autoridades capitalinas deben garantizar la dotación de servicios urbanos a cinco años para satisfacer las necesidades de 60 mil habitantes que habrá en esa zona, considerando una población flotante de 150 mil personas diariamente, pues no nos oponemos al desarrollo económico y urbano, pero tampoco queremos que nos manden a vender problemas, puntualizó

En conferencia de prensa explicó que el pasado 12 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, que regula la labor de este sector, obliga a la certificación de los 10 mil agentes que operan en la ciudad –de los cuales 3 mil han cumplido con este requisito–, prevé la redacción de un código de ética y crea un consejo de servicios inmobiliarios.

Dicho órgano, integrado por las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Desarrollo Económico (Sedeco), el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y dos organizaciones del sector inmobiliario, no tiene alcance para frenar un desarrollo, pero puede emitir recomendaciones a cumplir por los involucrados en cuanto a cuestiones urbanas, legales y sociales, para llevarlo a cabo, comentó.

Por ello es importante, dijo, que el gobierno capitalino publique la ley y los miembros del consejo elaboren un código de ética en el que se señalen los criterios a seguir por los corredores en la compra-venta de bienes inmuebles, pues no quisiéramos que los compañeros tuvieran dificultades con los clientes por ofrecer viviendas que no tienen viabilidad urbana, como es el caso de La Mexicana, que es totalmente inviable.

Ludivina Meza, directora adjunta de la ANACC, llamó a su vez al gobierno capitalino para que cuando concesione el predio a particulares no haya favoritismo hacia alguna desarrolladora, se conozca qué tipo de vivienda se construirá, si será de interés social o residencial, pues sus precios varían entre 400 mil y dos millones de pesos y, en un futuro, se tomen en cuenta las voces de los vecinos, lo que no hizo el diputado y ahora candidato a la jefatura delegacional de Álvaro Obregón Leonel Luna.