México no puede seguir esperando a que alguien se decida a invertir en ciencia y tecnología; llevamos una década estancados y esto ha tenido un costo para el país, afirmó Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), luego de la denuncia administrativa que interpuso este organismo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) al no destinarse el uno por ciento del producto interno bruto para el sector.

Explicó que la decisión de iniciar una acción legal contra los servidores públicos que resulten responsables por no acatar el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y 25 de la Ley General de Educación, que establece como obligación del Ejecutivo federal aportar recursos del erario al financiamiento de la ciencia y la tecnología, en un monto no menor a uno por ciento del PIB, también involucra a autoridades estatales.

En entrevista, indicó que por mandato de la mesa directiva, en sesión extraordinaria del pasado 29 de marzo, se determinó realizar esta acción. Agregó que el órgano de decisión está integrado por representantes de la comunidad académica como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras, así como por representantes del sector empresarial, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Laclette aseguró que la intensión es abrir el debate en el contexto de la campaña electoral y hacer compromisos que no se queden en una ley sin sustento, pues recordó que no sólo la federación incumple al alcanzar un financiamiento de 0.7 por ciento; también hay estados que ponen muy poco o nada para apoyar el desarrollo científico y tecnológico regional.

Dejó de recibir 464 millones de pesos

En la demanda, cuya copia tiene La Jornada, se expresa que de 2006 a 2011 el sector dejó de recibir 464 mil 484 millones de pesos, debido al incumplimiento de las obligaciones que corresponden a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No otorgar dicho monto, señala el documento, ocasionó sin duda daños y perjuicios a nuestro país, pues impidió el adecuado desarrollo de tales actividades, afectando no solamente a las instituciones y personas que las llevan a cabo, sino a la sociedad en su conjunto, cuyos integrantes son los destinatarios finales de los productos de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Afirma que la falta de inversión en el sector, derivada de las conductas omisas de los servidores públicos de Hacienda, acentúa el subdesarrollo y desperdicia el potencial de los investigadores que con muchos trabajos logra formar México.

Laclette insistió en que México necesita abrir este debate, y aunque la normativa es poco clara para definir el rumbo que podría tener la denuncia, tenemos también la intención de que se reflexione sobre cuál es el sentido de tener leyes que posteriormente no se cumplen. Además es importante argumentar que no sólo es una responsabilidad de la federación, sino también de los estados.