a conmemoración oficial por el Día del Maestro se vio marcada ayer por un nuevo choque declarativo entre la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. Mientras la primera acusó al gobierno federal de politizar la evaluación universal de los docentes, poniendo en riesgo la gobernabilidad indispensable para llevarla a cabo, el segundo sostuvo que sin calidad educativa lo único que avanza, como en décadas, es la injusticia e inequidad. En un acto por separado, la aspirante presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, dijo que apoyará a los buenos maestros sin permitir ningún chantaje ni políticas que dañen a la educación”, en respuesta velada a los señalamientos de la dirigente magisterial que la acusó de haber envilecido el diálogo entre las autoridades y el magisterio durante su desempeño como titular de la Secretaría de Educación Pública.

El correlato de este choque declarativo entre actores que hasta hace no mucho eran aliados políticos fue la protesta organizada por el magisterio disidente en la capital del país y en diversos puntos del territorio, en reclamo por la democratización del SNTE y la suspensión inmediata de la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por Gordillo y por el gobierno federal hace cuatro años.

Los señalamientos críticos y las voces de inconformidad se han expresado también, con distintas intensidades y en contextos diversos, en el ámbito estudiantil: desde las secuelas derivadas de la protesta de alumnos de la Universidad Iberoamericana por la visita de Enrique Peña Nieto, el pasado viernes –que ha derivado en amenazas por presuntos colaboradores de la campaña del mexiquense en contra de los inconformes–, hasta la movilización de integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, quienes ayer volvieron a tomar instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en demanda de la renuncia del rector, Salvador Jara, y desconocieron el acuerdo firmado la víspera con el gobierno de la entidad.

El telón de fondo de estos focos de tensión política y social es la circunstancia de desastre en todos los niveles educativos del país, particularmente la que es administrada e impartida por el Estado, por la conjunción de décadas de carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales; el designio de reducir los planteles públicos de enseñanza a efecto de generar oportunidades de negocio para instituciones privadas; el consecuente agotamiento de la matrícula en los ciclos de educación pública en los niveles medio y superior, y la corrupción, el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla el SNTE.

Sin soslayar las consecuencias negativas que estos elementos tienen para el desarrollo económico y para la democratización, resulta particularmente preocupante el impacto que producen en la de por sí problemática circunstancia que enfrenta la juventud del país: a fin de cuentas, la educación debiera ser, por definición, el ámbito de existencia social de los jóvenes, y su vía natural para acceder a oportunidades de desarrollo personal y profesional y a perspectivas de movilidad social. En cambio, en momentos en que ese ámbito se degrada por el efecto del abandono y la corrupción; cuando las autoridades viven en una negación sistemática de los problemas de la realidad y se restringen, en consecuencia, los horizontes de futuro para millones de muchachos y muchachas, no es extraño que éstos busquen expresar su inconformidad por los cauces a su alcance, como las redes sociales o la movilización, ni que, en casos extremos, surjan y se generalicen circunstancias de violencia y explosividad social.

En la circunstancia actual, las posibilidades de impulsar un mejoramiento educativo como el que pregonan Calderón y Vázquez Mota son prácticamente nulas, porque los cambios necesarios chocan de frente con los intereses económicos y políticos de la camarilla sindical que maneja Elba Esther Gordillo y de las propias autoridades federales, por no hablar de la imposibilidad de desarrollar la política educativa requerida por el país en el marco de los lineamientos económicos neoliberales a los que aún se aferra la presente administración. El rescate de la educación requiere, como condición necesaria, de una política de Estado en la materia que libere a la enseñanza pública tanto de los fanatismos privatizadores de los gobernantes como de cacicazgos sindicales que actúan en función de coyunturas políticas y maniobras de control electoral. De no actuar en ese sentido, no será posible revertir la deplorable situación de la educación pública ni conjurar el peligro de estallidos sociales en una juventud a la que se le expropia toda perspectiva de futuro digno.