Buenos Aires, 13 de mayo. Más pruebas del accionar conjunto de por lo menos tres países como Argentina, Uruguay y Chile, en lo que se consideran los antecedentes inmediatos de la Operación Cóndor, la coordinadora de las dictaduras del Cono Sur, creada en noviembre de 1975 en Chile, fueron entregadas por un grupo de uruguayos sobrevivientes a los jueces que investigan los principales responsables de estas accione criminales.

Un documento firmado por el ex comisario Alberto Baldomero Obregón, de la policía federal argentina, en la jefatura de asuntos extranjeros, demuestra no sólo el involucramiento de sectores de esa institución en los acuerdos bilaterales, que precedieron a la Operación Cóndor y que se juzgan como parte de la misma, sino también las características mafiosas de esta acción contrainsurgente. Obregón solicitaba que se le pagara a 44 hombres de su equipo, un premio por su trabajo, tal como denunciaron algunos de los uruguayos que entregaron documentación al juez Norberto Oyarbide,

De acuerdo al informe Obregón consideraba que las tareas realizadas en Argentina -donde desde 1973 se registran entregas bilaterales de personas secuestradas aquí, como fue el caso de varios brasileños y uruguayos- merecían un premio por haber permitido controlar a las organizaciones subversivas tanto locales como extranjeras.

De acuerdo a nuevos datos que se van obteniendo este accionar de los años 73-74-75 antes de noviembre de este último año, fue precisamente lo que determinó la reunión conjunta citada por el general Manuel Contreras jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, policía política de la dictadura chilena, donde se firmó el programa de acción de la que desde un principio se llamó Operación Cóndor.

Precisamente fue para supuestamente combatir ·la unidad de las organizaciones revolucionarias de los países del Cono Sur,”que decidieron la internacionalización” de sus acciones represivas.

En esta documentación a la que hay que agregar casos como el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, en septiembre de 1974, en esta capital y que ya fue juzgado aquí, se suman la entrega de brasileños secuestrados aquí y entregados a su país, donde están desaparecidos, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, así como del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y de otras organizaciones, muchos de los cuáles fueron secuestrados en provincias del interior, como resulta de la investigaciones que figuran en el Informe de Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos.

Se conoce de los trabajos conjuntos de Argentina y Chile, y especialmente por el caso Prats a lo largo de 1974 y 1975, cuando la Operación Colombo, que ideó el dictador Augusto Pinochet para intentar justificar la desaparición de 119 chilenos, contando con la colaboración de sectores de la inteligencia del Estado y del ejército argentino, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón.

Pero también figuran los datos de integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria secuestrados y de más uruguayos, todo lo cuál lleva a Obregón a pedir una recompensa para sus hombres. Allí queda demostrada plenamente la coordinación que precedió a Cóndor, aceitando el camino de la acción criminal.

Cada entrega de documentos permite mayores avances en un momento histórico para los juicios.

El ingenio Ledesma

Otro caso donde la justicia tardó pero llegó es el del Ingenio Ledesma, de trágica historia para trabajadores que fueron víctimas de una explotación feudal en su momento y donde se podrán comprobar no sólo los crímenes cometidos durante la última dictadura especialmente en la llamada Noche del Apagón, cuando durante siete día fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuáles más de 30 están desaparecidas. Hay muchas denuncias anteriores y posteriores contra Ledesma cuyo dueño Carlos Pedro Blaquier, intocable hasta ahora, deberá declarar ante la justicia el próximo 17 de mayo.

En las últimas horas se conoció que Blaquier habría ordenado una limpieza de documentos ante los allanamientos que se han practicado en sus oficinas y casas y el abogado querellante Pablo Pelazzo, confirmó que los detenidos hasta ahora en esta causa son los policías Pedro Frías, Virgilio Chofi, José Américo Lezcano y el ex comisario Carlos Cachambe, quienes presentaron a declarar en el juzgado federal Nº 2 en Jujuy por su participación en la Noche del Apagón. .

En los documentos hallados en oficinas de la empresa se encontraron legajos de trabajadores desaparecidos, pero también un informe que da cuenta de un seguimiento minucioso en una marcha realizada en Jujuy en 2005, donde figuran entre los espiados el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Nora Cortiñas, Marta Vázquez, Taty Almeida, María Adela Antokolets, de Madres fundadoras de Plaza de Mayo, Antonia Segarra, de Abuelas de Plaza de Mayo y también el ya fallecido ex secretario de Derechos Humanos de la nación Eduardo Luis Duhalde, el abogado Rodolfo Mattarolo, el actual diputado Martín Sabatella, el periodista Luis Brucshtein, entre otros.

Asimismo informes de inteligencia sobre trabajadores y representantes de organismos humanitarios del lugar con direcciones de familiares, y datos, que violan todas las normas actuales y para lo cuál se contrataron los servicios de una empresa extranjera. El caso Ledesma, así como el juicio a los asesinados en la base de Trelew de la marina en 1972, demuestran que la mano de la justicia está llegando para todos los tiempos de dictaduras y que cada día se comprueban más complciidades civiles, religiosas y de jueces, que traicionaron sus juramentos.