Aunque la fuerza de la Marcha por la Dignidad Nacional logró que el gobierno se comprometiera a avanzar en la investigación de los miles de casos de desaparición forzada en el país, habrá que estar vigilantes de que así sea, pues las autoridades ya han traicionado su palabra en otras ocasiones, afirmaron miembros de diversas organizaciones sociales.

Blanca Martínez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en la capital de Coahuila, destacó por encima de cualquier otro factor la respuesta solidaria y generosa de la sociedad civil. Le llegó el mensaje al pueblo, a los de abajo, y desde abajo podemos mover a quienes no han querido, a las autoridades.

En conferencia de prensa, donde los colectivos organizadores de la marcha hicieron un balance de sus logros, Martínez informó que se hizo contacto con representantes de las embajadas de España, Suecia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea –así como con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos–, para denunciar la negligencia de las autoridades mexicanas en el tema de las desapariciones forzadas.

Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hubo reuniones donde se destacaron las líneas generales de dicho fenómeno, para no ahondar en cada caso particular, sino en la problemática que enfrentan todas las víctimas de este crimen.

A la CNDH se le planteó solicitar la ayuda de organizaciones extranjeras para buscar a los desaparecidos, identificar los restos de quienes ya han muerto y diseñar las políticas públicas a seguir en ese tema. Entre ellas, estarían la Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y un grupo de antropólogos forenses de Colombia.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, por su parte, manifestó que con la marcha se renueva la esperanza de que se abran las puertas a la verdad, la justicia y la búsqueda inmediata de los desaparecidos, e indicó que en la reunión sostenida ayer con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, se lograron algunos avances significativos.

Entre ellos, explicó, está el compromiso de que la subprocuraduría de derechos humanos de esa entidad reúna e investigue todas las denuncias; acepte recomendaciones y propuestas de la sociedad civil, y haga mesas de trabajo para estudiar cómo serán aceptadas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Sin embargo, las madres y familiares de las víctimas también manifestaron su recelo ante las promesas de las autoridades, pues éstas ya se han comprometido antes a resolver este crimen de lesa humanidad, y no han honrado su palabra.

Es una buena respuesta, pero espero que no nos vuelvan a fallar. Lo que más deseamos es que nos apoyen en la búsqueda, pero luego nada más ilusionan a las madres, y ya no vuelven a aparecer, lamentó Julia Ramírez, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato.

De igual forma, Luz Elena Montalvo, de Torreón, Coahuila, admitió que confianza total, no tenemos, porque siempre nos dan las mismas respuestas. Con (el gobernador Rubén) Moreira, y antes con su hermano (Humberto), a todo nos dicen que sí, pero no nos resuelven nada.

Diana Iris, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, denunció que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) significa una burla, ya que es un organismo creado al vapor, sin recursos ni infraestructura para hacer su trabajo.