La Paz, 11 de mayo. La ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, fue escenario –por tercer día consecutivo– de marchas de sindicatos, médicos, paramédicos y estudiantes, en el contexto de una huelga de 72 horas en rechazo a decretos del presidente Evo Morales.

Estamos demostrando por tercer día estas exitosas marchas y huelga, afirmó Juan Carlos Trujillo, líder de la Central Obrera Boliviana (izquierda), el sindicato más grande del país, al encabezar la protesta y recordar el rechazo al incremento salarial de 8 por ciento propuesto para este año.

Si el gobierno no atiende nuestras demandas, la próxima semana vamos a radicalizar nuestras legítimas protestas, acotó.

Las marchas de unas 4 mil personas son encabezadas por un centenar de mineros estatales del poderoso y radical sindicato de Huanuni, que en su recorrido por céntricas calles de la sede de gobierno hacen explotar cartuchos de dinamita y petardos, sin causar víctimas.

La policía ejerce una nutrida vigilancia policial en la plaza de Armas, donde Evo Morales tiene su despacho, tras dos días de choques con civiles que dejaron más de una decena de heridos, entre manifestantes y uniformados, según el Ministerio de Gobierno.

Los médicos, paramédicos y estudiantes de medicina se sumaron a las protestas sindicales, pues rechazan otro decreto del mandatario que aumentó la jornada laboral de seis a ocho horas, sin compensación económica. En las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Oruro, Cochabamba y Potosí se reportaron bloqueos de caminos interdepartamentales del sector salud, según informes de las radios privadas Erbol y Fides.

En tanto, el gobierno minimizó los conflictos, además de que rechaza un aumento salarial superior a 8 por ciento, así como derogar el decreto sobre los horarios del sector médico.

Hay demandas sociales, y algunos actores políticos quieren aprovecharse de esa situación; no diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad, y menos a una crisis de Estado, dijo el ministro de Interior, Carlos Romero.

Por otra parte, la oposición criticó el espionaje telefónico que presuntamente practican en su contra los equipos de inteligencia del Ministerio de Gobierno.

La ministra de Comunicación, la periodista Amanda Dávila, justificó la difusión de cintas de audio de políticos de oposición.

Cuando una persona asume un cargo público, la privacidad se queda en casa, dijo a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada opositora Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo, se refería al envío de dinero a indígenas que participan en una marcha de defensa de la reserva ecológica del Tipnis.