Morelia, Mich., 11 de mayo. Más de 800 policías federales comenzaron a arribar a Michoacán para resguardar las casetas de cobro y carreteras de las regiones de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia para evitar que estudiantes las vuelvan a bloquear, informó el gobierno del estado.

En un comunicado, la autoridad estatal señaló que ante los bloqueos a los accesos a la capital del estado y a la autopista a Lázaro Cárdenas, así como la toma de casetas que han afectado a miles de ciudadanos y a la economía local, el gobierno solicitó apoyo de la Federación, por lo que fuerzas federales comenzaron a arribar a Michoacán para llevar a cabo operativos de seguridad.

Jesús Reyna García, secretario de Gobierno, lamentó la actitud de los grupos de presión que han bloqueado carreteras. Ratificó el respeto a la libre manifestación de los ciudadanos, siempre que dichas expresiones se realicen de manera pacífica, dentro de los cauces de la legalidad y sin la intencionalidad de afectar a terceros.

El gobierno michoacano mantiene su disposición y apertura de diálogo en un marco de respeto y de la aplicación de la ley, a fin de arribar a puntos de vista concordantes que permitan una solución a la problemática con los dirigentes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), con quienes continúan las negociaciones, asegura el funcionario en el texto.

Por tercer día consecutivo, los integrantes de la CUL, en particular los moradores de las casas de estudiantes, mantienen tomada la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en demanda de que el gobierno del estado libere a 10 de sus compañeros que se encuentran presos desde el 28 de abril.

Reyna García declaró que los “jóvenes que tomaron carreteras ayer no son integrantes de la CUL, provienen de comunidades de la meseta purépecha, entre ellos normalistas y alumnos de la Universidad Indígena de Nahuatzen.

Este viernes, afirmó, no hubo bloqueos y desde la noche del jueves y en el transcurso de la mañana fueron entregados a sus propietarios los vehículos que estaban retenidos. Dijo que hay vías legales para que los 10 estudiantes presos puedan salir libres, pero no existe en este momento un compromiso con el gobierno del estado. Lo primero es tener actitud de diálogo.

En el Congreso local, la diputada Selene Vázquez Alatorre manifestó que la bancada del PRD, al que pertenece, criticó el desalojo que efectuó la policía el 28 de abril contra tres albergues estudiantiles porque violentó la autonomía universitaria.

Asimismo, se manifestó contra el linchamiento que se ha desatado contra los jóvenes, así como la violación a sus derechos humanos. La autoridad infringe las normas y sobrepasa sus propias capacidades, dijo.

El priísta Noé Bernardino Vargas, en nombre de su fracción, afirmó que el conflicto estudiantil fue creado artificialmente, sin motivos ni fundamentos reales, sino para desviar la atención de la deuda pública que dejó la administración que encabezó el perredista Leonel Godoy Rangel.

Alfonso Martínez Alcázar, coordinador de la bancada panista, aseguró que liberar a los 10 universitarios que cometieron actos vandálicos sería grave, pues nosotros respaldamos al gobernador Fausto Vallejo en la aplicación del estado de derecho, incluso en el uso de la fuerza pública.

Coincidió con la posición priísta de que este movimiento parece ser un distractor político, más que electoral, porque parece ser que se desvió el problema del endeudamiento por el de las tomas de carreteras y sedes universitarias.