Madrid, 11 de mayo. El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, aprobó en el Consejo de Ministros una inyección de capital a los bancos de un máximo de 15 mil millones de euros, de los cuales se prevé que sirvan para sanear a un sector al borde del colapso por estar plagados de productos tóxicos procedentes del auge de la burbuja y la especulación inmobiliaria. Con la reforma impulsada por la administración conservadora se pretende sanear al sector bancario español, que en estos momento representa la principal amenaza en Europa a un agudizamiento de la crisis. Los bancos españoles con más presencia en México son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco Santander.

De nuevo sin comparecer ante la prensa para anunciar las severas medidas que está adoptando para luchar contra la crisis, el presidente Mariano Rajoy firmó el decreto de una nueva reforma en el sector financiero que obligará al Estado a cubrir alrededor de 15 mil millones de euros del déficit de capital que tienen los bancos españoles. El sector bancario vive su peor momento desde el inicio de la crisis, en el 2008, arrastrado por el aumento alarmante de productos tóxicos (créditos otorgados a promotores, constructores y familias en la época del auge inmobiliario y que ahora no pueden pagar por la crisis del sector).

El peor rostro de la crisis bancaria que sufre España es Bankia, una de las principales entidades financieras que además de tener un alto porcentaje de créditos tóxicos también tiene una contabilidad cuestionada por encontrarse, tras una auditoría independiente, un faltante de 3 mil 500 millones de euros. Lo que ha despertado dudas en el resto de los entidades financieras españolas y del órgano regulador, el Banco de España.

Rajoy y su gabinete aprobaron así la inyección de los 15 mil millones de euros a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asumirá algo más de la mitad de lo que la nueva reforma exige a los bancos españoles: garantizar al menos 30 por ciento de las provisiones sobre el crédito sano inmobiliario. Una cifra que se extrae de los 300 mil millones de euros que se calcula suma el conjunto de los créditos de este tipo y que todavía no entran en la faceta de tóxicos, pero que corren el riesgo de convertirse ante el ritmo de pauperización de la sociedad y agudizamiento de la crisis.

El ministro de Economía y autor de los planes de ajuste del gobierno, Luis de Guindos, reconoció que el gobierno calcula esa cifra y que con la reforma, si alguna entidad se queda insolvente por tener que asumir estas pérdidas, el Estado intervendrá inyectándole dinero. Y lo hará a través de la compra de los bonos contingentes convertibles; es decir, que el Estado comprará bonos emitidos por las entidades que se transforman automáticamente en acciones cuando se producen determinados supuestos, como que la entidad baja de un determinado nivel de solvencia. La entidad ayudada deberá pagar 10 por ciento de interés al Tesoro español, que supondrá el doble de lo que la propia institución española gana por financiarse a largo plazo.

Cabe recordar que el anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya aprobó un rescate bancario similar, poco antes de dejar el poder en diciembre del año pasado, por un monto superior a los 15 mil millones de euros. Con lo que la aportación del Estado a la banca, en menos de un año, superaría los 30 mil millones de euros. El triple de lo que tiene previsto recortar el gobierno de Rajoy en salud y educación y que, por estos recortes, provocó la indignación popular y gran parte de las movilizaciones realizadas hasta ahora y las programadas para los próximos meses, en las que no se descarta una nueva huelga general.

Ante las dudas que despierta el sistema bancario español, ahora también cuestionado por los organismos europeos, el gobierno español encargó a dos entidades independientes que valoren la cartera de los bancos, en una especie de auditoría. Las entidades independientes aún no están decididas, pero probablemente sean algunas de las agencias de calificación internacionales y que las elegidas tengan el visto bueno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), las dos instituciones que más han expresado su preocupación ante la supuesta morosidad oculta de los bancos españoles y que esta situación podría poner en riesgo la economía de la región.