La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investiga un robo por más 300 mil pesos a dos sucursales del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) cometido por una pareja aparentemente obligada por cuatro sujetos que tenían privada de la libertad a su hija de cinco años de edad.

La noche del pasado miércoles, según las declaraciones ministeriales de los involucrados, quienes son gerentes de distintas sucursales de la institución crediticia citada, fueron interceptados por un grupo de sujetos minutos junto con la menor cuando salían del establecimiento donde trabaja la mujer, ubicada en avenida Ricardo Flores Magón.

A punta de pistola las víctimas fueron llevadas a su propio domicilio, ubicado en la colonia Acueducto de Guadalupe, delegación Gustavo A. Madero, donde los mantuvieron retenidos toda la noche. Por la mañana del jueves, los secuestradores ordenaron al matrimonio que retirara el dinero de las bóvedas del banco con la amenaza de hacerle daño a la niña si se negaban a seguir las instrucciones.

Así, mientras la menor quedó en poder de los delincuentes, los padres de ésta se dirigieron a sus respectivos centros de trabajo, para retirar en total 300 mil pesos como les habían exigido, monto que les fue entregado en calles de la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc.

La investigación de este caso, que en un principio comenzó la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo A. Madero de la PGJDF por el delito de robo, fue turnada a la Fiscalía Antisecuestros (FAS) de la misma dependencia, debido a que, señalaron fuentes de la dependencia, hay indicios de que los hechos ocurrieron como relató el matrimonio.

Los mantuvieron privados de su libertad en su domicilio para poderlos instruir acerca de sus intenciones de robar en la institución (el banco) y además, como ellos eran los encargados de las sucursales, tenían el acceso libre a las agencias.

Bajo este esquema, manifestó el funcionario, se configuran los delitos de robo con violencia y secuestro con privación de la libertad, por lo que los gerentes del banco se encuentran en calidad de víctimas, aunque, subrayó, será la FAS la que deslinde responsabilidades.

Las fuentes consultadas subrayaron que los afectados recibieron apoyo jurídico de la institución bancaria para denunciar los hechos que hacen presumir la participación de una banda organizada. Por lo pronto, agentes del Ministerio Público revisan los videos de las cámaras de vigilancia de las sucursales bancarias.