A pesar de que existen avances en el combate a la discriminación social y legal de las mujeres en el mundo, se estima que una de cada cinco no tiene acceso a la planeación familiar, mientras cinco de cada 10 considera que la violencia doméstica se justifica en ciertas circunstancias.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de matrimonios a edad temprana abarca 17 por ciento de la población femenina, lo que es considerado un obstáculo para su desarrollo educativo, social y productivo.

Según el reporte del Índice de género (SIGI, por sus siglas en inglés) –elaborado por el organismo en 86 países, aunque no están incluidos aquellos que integran la OCDE y la Unión Europea–, señala que en América Latina y el Caribe, si bien presenta el nivel más bajo de discriminación, aún se enfrentan retos en el acceso al sistema educativo para las mujeres indígenas, así como clara inequidad salarial en comparación con los hombres.

Revela que si bien 53 por ciento de la fuerza laboral es femenina en muchos naciones de la región, sus salarios son hasta 40 por ciento inferiores a los percibidos por varones para desempeños similares. A esto se suma la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para que ellas puedan enfrentar sus tareas con la familia, especialmente cuando desempeñan empleos informales, comercio y servicios.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, el informe del SIGI 2012 señala que aún quedan obstáculos por superar, pues pese a la promulgación de leyes contra este tipo de violencia “existe la necesidad de incrementar su aplicación, en particular para abordar el grave problema de los femenicidios de la región, así como de acciones focalizadas para llegar a los grupos minoritarios, como el de las indígenas”.

Agrega que de acuerdo con los resultados publicados entre 2009 y 2012, se elevó el número de naciones que cuentan con una legislación para prevenir y sancionar la violencia doméstica al pasar de 21 a 53.

Sin embargo, advierte que si bien se cuenta con nuevas leyes, las actitudes que perpetúan la violencia contra las mujeres persisten. Esto también se refleja en el ejercicio de su derecho para poseer y heredar tierras, pues en promedio sólo 15 por ciento de los títulos de propiedad, en las naciones donde existen datos al respecto, está en manos de mujeres.

El estudio, que utiliza 14 indicadores para medir el grado de discriminación contra ellas, considerando el matrimonio precoz, la violencia de género y los derechos de propiedad, destaca que la cuota para promover la participación en política de la población femenina tanto a nivel nacional como estatal está presente en 29 de 86 países estudiados, y aunque se cuenta con jefas de Estado en la región, aún prevalece un claro desequilibrio en la representatividad por género en los parlamentos latinoamericanos.