Luego de cuatro amparos y sus respectivos recursos de revisión, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana logró recuperar los recursos financieros del gremio, que el gobierno federal tenía congelados e incluso, interpuso una demanda más en contra del Estado mexicano por este aseguramiento.

Ademas, en dicha demanda el sindicato reclama al gobierno federal el pago de daños y perjuicios e intereses por todo el tiempo que mantuvo retenidos los recursos, así como la responsabilidad de haber quitado dinero de los trabajadores a este gremio, según información proporcionada por Marco del Toro, abogado del sindicato.

Indicó que de los 55 millones de dólares del fideicomiso del sindicato minero, por los que se formalizaron acusaciones en contra del líder de este organismo, Napoleón Gómez Urrutia, más de 20 millones de dólares todavía están asegurados por el gobierno mexicano.

La recuperación de los fondos ha sido toda una batalla, porque una de las maneras en que se buscó atacar al sindicato fue precisamente asegurándole sus recursos, para que no tuviera forma de defenderse, por lo que se han emprendido diversos recursos legales, los cuales se fueron ganado en amparos, el gobierno los impugnó y se volvieron a ganar hasta en cuatro ocasiones, expuso Del Toro.

Exhibió que también se presentó una demanda ante los tribunales de Justicia Administrativa en contra de los funcionarios que sustrajeron el expediente penal, un documento en el que la Comisión Nacional Bancaria dejaba asentado que no había delito alguno en el manejo del fideicomiso de 55 millones de dólares, el cual escondieron y lo sacaron del expediente. Por este motivo se presentó un recurso, a fin de que se le finquen responsabilidades a los servidores públicos que lo hicieron.

Además, hay una acusación en la Procuraduría del Distrito Federal en contra de Elías Morales –quien supuestamente se ostentó como dirigente del gremio a la salida de Gómez Urrutia del país–, por haber hecho acusaciones falsas en contra del secretario general del gremio minero, y se está a la espera de que se ejerza la acción penal en su contra.

El abogado detalló que también existe una denuncia penal en contra del Carlos Pavón –ex brazo derecho de Gómez Urrutia y que a la postre se convirtió en su opositor y fundó otro sindicato– “por haber dispuesto de los 5 millones de pesos que el sindicato depositó a su nombre ante un juez federal en Coahuila para obtener su libertad.