l consenso artificial que está detrás de las propuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) para dar cobertura universal de seguridad social o salud a todos los mexicanos se basa en algunas premisas que no se han dado a conocer a los ciudadanos. El argumento esgrimido es que la actual conformación del mercado laboral obliga a abandonar la vieja seguridad social ligada al empleo formal y ofrecer un nuevo modelo adecuado para la movilidad y flexibilidad laboral promovida por la tan anhelada como pospuesta reforma laboral. Este esquema presupone que el modelo económico actual no cambiará y no menciona que tiene ganadores ni perdedores. Veamos primero las implicaciones del nuevo esquema de financiamiento.

Aunque no se ha hecho explícito, la fuente del financiamiento sería por vía de los impuestos con un incremento en el IVA, extendiéndolo a los alimentos y medicinas que hoy están exentos de ese gravamen. Esto significa avanzar en un sistema impositivo regresivo y no proporcional, como lo establece la Constitución, ya que esta medida afecta más a los que menos tienen. Así el 20 por ciento más pobre de la población dedica de 47 a 50 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos, mientras 10 por ciento de mayores ingresos sólo destinan 22 por ciento a este rubro, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Simultáneamente, se pretende eximir a los patrones y obreros del pago de su contribución obligatoria al seguro social. Para apreciar el monto de este obsequio a los patrones tenemos los datos más recientes disponibles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el instituto de seguro social de los trabajadores del sector privado. En 2010, el IMSS obtuvo ingresos por cuotas obrero-patronales del régimen obligatorio de unos 150 mil millones de pesos. De ellos, 146 mil millones provinieron de las cuotas patronales y sólo 4 mil millones a las cuotas obreras.

La reforma de 1995/97 del IMSS ya había disminuido sustancialmente la contribución patronal, al pasar de una cuota proporcional al salario a una cuota fija para el seguro de enfermedad y maternidad lo que ha contribuido significativamente al deterioro de las finanzas del instituto. Con aquella reforma, la cuota patronal bajó de 8.5 por ciento a 7.3 por ciento sobre la masa salarial, o sea 15 por ciento. Y ahora se pretende desaparecerla. Es de recordar que la reforma pinochetista de la seguridad social en 1983 pasó todo el costo de la seguridad social a los trabajadores, pero fue acompañada del incremento salarial en el mismo porcentaje.

La reforma chilena viene al caso porque detrás de la propuesta de cobertura universal de salud está una clara intención de abrir a los privados la prestación de servicios de salud y ampliar el mercado de los seguros privados. Así, se proponen las siguientes acciones: hacer portables los seguros de salud, impulsar la convergencia de los servicios y desarrollar el mercado de salud. La portabilidad significa que cualquier seguro, público o privado, puede pagar a cualquier prestador de servicios médicos, público o privado. Para ello, se promueve la convergencia de los servicios para lo cual se requiere establecer protocolos de tratamiento, decidir qué servicios incluir en el seguro (paquete de servicios) y fijar su precio. Estas dos medidas son estratégicas para la creación del mercado de compra-venta de servicios de salud, respaldado con capacidad de compra por medio de los seguros.

Es clave entender que esta propuesta obliga a definir el paquete de servicios incluidos en el seguro de salud universal y seguramente será muy semejante al del Seguro Popular, paquete que tiene una cobertura médica muy inferior que los institutos de seguro social. Se perfila entonces una doble ventaja para los empresarios de la salud. Por un lado, los grandes prestadores de servicios cuentan con un mercado garantizado por recursos fiscales. Por otro, se abre un mercado para las aseguradoras, ya que muchas personas comprarán un seguro adicional para cubrir los padecimientos no incluidos en el paquete básico.

La seguridad social no es sólo un seguro de salud sin que deba proteger contra las contingencias de la vida: el desempleo, los accidentes laborales, la invalidez y la vejez, entre otros. Para ellas no se propone nada o bien se hacen compromisos vagos, restringidos o graduales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con las pensiones contributivas si se elimina la contribución patronal? y ¿las Afore seguirán administrándolas?

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