Naucalpan, Méx., 8 de mayo. Los legisladores locales del Partido Acción Nacional presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la operación de al menos 34 programas sociales porque coinciden con las campañas proselitistas para renovar 125 ayuntamientos y 45 diputaciones del estado de México, las cuales comenzarán el 24 de mayo, pues temen que sean utilizados con fines electorales.

Ernesto Izunza Armas, presidente de la fracción panista del Congreso local, expuso que se trata de programas que apenas el 18 de abril fueron aprobados en forma expedita por los diputados del tricolor, sin especificar montos de inversión ni sectores beneficiados, sino que sólo mencionan rubros como programa de apoyo para la mujer, para los jóvenes y agropecuarios, entre otros, pero no existe claridad en su manejo.

Un equipo de abogados trabaja en el expediente que presentarán a SCJN, concluyó.

En el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) descubrieron que el chofer de una camioneta repartía al menos 50 despensas del Programa de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de México en domicilios del distrito 31 federal; sin embargo, la policía municipal se negó a ponerlo a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con el argumento de que primero se debía investigar en el sistema de seguridad Plataforma México.

La camioneta y el conductor (no identificado) fueron trasladados a la dirección de seguridad pública municipal, donde un grupo de militantes priístas acusaron a los perredistas de robo.

Esta demanda sí procedió y René Sánchez, representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, y otros tres brigadistas del sol azteca quedaron en calidad de asegurados.