La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y organizaciones de productores se desmienten mutuamente en torno a la distribución de subsidios. La institución afirma que más de 80 por ciento de los recursos del programa Especial Concurrente se destinan a subsidios para el campo y las agrupaciones sostienen que sólo los concentra un pequeño grupo de agroindustriales.

Sagarpa expuso que la mayoría de los recursos se dirigen a programas con padrones de productores y se concentran en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. 98 por ciento de los beneficiarios de los padrones –la mayoría del sector social– reciben menos de 50 mil pesos.

Además, hay insuficiencia presupuestal para atender la demanda de recursos para proyectos agrícolas, ganaderos y pesqueros, pues lo solicitado es cinco veces superior a lo que se paga. En un informe sobre el tema aludió a la necesidad de cambiar el esquema de subsidios, pues en la mayoría de los estados los recursos destinados al pago de padrones es mayor que lo destinado a proyectos productivos generadores de empleo y desarrollo económico.

Apuntó que de los 74 mil millones de pesos de presupuesto del año pasado, sólo 12 por ciento se utilizó para gastos administrativos y de operación y el resto se canalizó a programas presupuestados como subsidio, entre ellos Procampo y Programa ganadero, por ejemplo.

Las organizaciones insistieron en que un pequeño grupo de productores concentran el mayor monto del presupuesto; Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, comentó: el patrón de crecimiento está polarizado entre sectores exitosos y marginados y precisó que 10 por ciento de los agroindustriales concentran 80 por ciento del ingreso objetivo, 60 por ciento de subsidios energéticos e hídricos, 55 por ciento para desarrollo rural y 45 por ciento del Procampo.

Los datos, destacó, revelan que los programas productivos han fracasado, pues la mayoría de han engrosado los bolsillos de los más ricos y privilegiados del modelo neoliberal. A los campesinos sólo llega 8 por ciento de recursos productivos del PEC.

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares demandaron que el gobierno deje de servir al dios mercado y a las grandes corporaciones agroalimentarias y cambie el modelo de desarrollo rural y agroalimentario. Sostuvieron que los miles de millones de dólares que el gobierno destina a importar alimentos debe invertirlos para generar condiciones de rentabilidad del agro para aprovechar 7 millones de hectáreas que están sin cultivar por falta de apoyo y condiciones mínimas de rentabilidad.

La política de importación de alimentos y la entrega de la mayor parte de recursos públicos a grandes productores, principalmente del norte del país, el deliberado proceso de descapitalización y abandono de los pequeños productores ha generado que un grupo de trasnacionales controle los procesos agroalimentarios, expusieron.